Tras el estancamiento en el Congreso del Estado de la armonización del Código Familiar estatal luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permitiera el matrimonio gay, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Jorge Vega Arroyo anunció que analiza promover en breve una acción de Incons-titucionalidad y hacer público un “Informe Especial” sobre la omisión legislativa al respecto.
En tanto, representantes de organizaciones lésbico-gay dieron a conocer que existen dos amparos ante la justicia federal por esa inacción de los diputados locales y los acusaron de obedecer a los grupos hegemónicos en la política y la economía como la iglesia Católica.
En conferencia conjunta en la sede de la CEDH, acompañado por los presidentes de Amigos potosinos con VIH, Red Diversificadores Sociales y Grupo de padres y madres en apoyo a la diversidad sexual, Andrés Costilla, Paul Ibarra Collazo y Guadalupe Serrano, respectivamente, el ombudsman potosino recordó que aunque el pasado 28 de julio la iniciativa pasó la aduana de la Comisión de Justicia, actualmente se encuentra en poder de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género integrada por los panistas Miguel de Jesús Maza Hernández, que la preside y Rubén Guajardo Barrera, así como por Marianela Villanueva Ponce, del PVEM y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del PRI.
Vega Arroyo añadió que aunque desde hace 1 días recibieron la queja de un colectivo por la omisión legislativa a no homologar los criterios de la Corte, actualmente analizan la posibilidad de ejercer una acción de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de justicia de la nación y un llamado al Legislativo local a través de un informe especial.
Llamó a evitar la confrontación entre grupos mayoritarios y minoritarios ya respetar la diversidad, pero sobre todo los ordenamientos de la Corte.
En este sentido, Paul Ibarra Collazo acusó a los diputados de darle prioridad y preferencia a la presión que ejerce un sector hegemónico en la política y la economía encabezados por la iglesia Católica, lo que va en detrimento de la comunidad lésbico-gay.
Por su parte Andrés Castillo criticó la postura de los legisladores que proponen se haga una consulta al respecto, ya que dijo que la opinión que debieran pedir de los ciudadanos es sobre los altos salarios y seguros médicos privados que ostentan, no sobre los derechos humanos y les pidió que dejen atrás sus posturas personales.
