Las ofensiva mediática contra el Partido Verde podría ilustrar la existencia de un fundamentalismo democrático, es decir, el
exceso de pasiones aprovechando la democracia. Pero más aún: podría tratarse de un autoritarismo democrático en el que una minoría en el espacio mediático decide quiénes sí y quiénes no deben estar en la democracia, al margen del voto popular.
La exigencia al Instituto Nacional Electoral de quitarle el registro al Partido Verde reunió 140 mil firmas de ciudadanos, cifra nada desdeñable pero la democracia se rige efectivamente por el sentimiento ciudadano pero a través de los mecanismos propios de las prácticas democráticas: los procesos electorales.
Al Verde lo acusan de violar las leyes electorales pero sin entender que el relanzamiento del partido fue producto de una audaz política de comunicación social y de su operador Guillermo Sesma.
Y los 140 mil ciudadanos parecen olvidar cuando López Obrador mandó al diablo las instituciones electorales, se negó a acatar los resultados oficiales, instaló un agresivo plantón del Zócalo a Paseo de la Reforma y culminó su rebelión institucional con una ceremonia en el Zócalo el 20 de noviembre de 2006 para tomar posesión como “presidente legítimo”, con banda presidencial entregada por Elena Poniatowska y sentado en la silla gestatoria del águila del poder.
Más aún: López Obrador quiso provocar una crisis constitucional al ordenarle al PRD impedir con violencia la toma de posesión de Felipe Calderón, instituido Presidente Constitucional por mandato del Tribunal Electoral. Ahí de nueva cuenta López Obrador y el PRD reventaron la legalidad política y electoral, se volvieron a negar y a acatar los mandatos inatacables de las instituciones electorales, y buscaron impedir el trámite constitucional.
¿Dónde estuvieron en ese año los 140 mil ciudadanos que debieron de exigir el retiro del registro al PRD y que debieron de pedir también el no registro de Morena por representar la vía caudillista, voluntarista y dictatorial del líder que se coloca por encima de las instituciones? Pero López Obrador buscó aniquilar el sistema electoral institucional para erigirse como Presidente por voluntad propia y no por mandato de las instituciones electorales.
Al Verde deben aplicársele las multas con los ajustes en los tribunales electorales. Pero 140 mil firmas ciudadanas no pueden tratar de aniquilar los 7 millones de votos que logró del Verde en las elecciones pasadas del 7-J, su cuarto lugar en las bancadas en el Senado y su posición como cuarta fuerza en la Cámara de Diputados con 47 legisladores.
Sólo el fundamentalismo autoritario de una democracia también autoritaria podría justificar que una minoría quiera dictaminar por voluntarismo quiénes deben tener el registro legal como partidos. Se trata, paradójicamente, de un comportamiento de priísta del viejo régimen cuando el autoritarismo priísta decidía qué partidos deberían de tener registro legal.
Los 140 mil ciudadanos ya se olvidaron que López Obrador en la pasada campaña electoral violó las leyes electorales al usar los spots de sus candidatos para promover su imagen con miras a las presidenciales del 2018: “López Obrador es Morena y Morena es López Obrador”, fue el mensaje que las autoridades electorales toleraron como muchas otras del PRI y del PAN abusando de las leyes. López Obrador debió de haber perdido el registro de Morena por actos adelantados de campaña.
El problema radica en otra parte: las leyes electorales fueron redactadas por los partidos como parte del modelo político de partidocracia hegemónica y en función de acuerdos elitistas en los partidos para la realización de elecciones plagadas de irregularidades. El propio INE carece de estructuras y facultades necesarias para poner orden electoral porque todos los consejeros llegaron como cuotas de los partidos.
La ofensiva contra el Verde también debe leerse en el escenario del 2018: sin posibilidad para obtener por sí mismo la mayoría absoluta, el PRI asume su papel como primera minoría por su alianza electoral con el Verde. Por sí solo, el PRI sólo ganó el 29% de votos en las presidenciales del 2012 y subió a 38% por la alianza con el Verde; sin el Verde, el PRI hubiera perdido ante los 31.6% de votos a favor de la coalición de López Obrador. La mayoría absoluta en la próxima Cámara de Diputados será del PRI pero en alianza con el Verde y con Nueva Alianza. Sin el Verde, el PRI perdería un 10% de votos.
Ciudadanos, panistas y perredistas quieren pegarle al PRI quitándole el registro al Verde para así favorecer a López Obrador. Basta ver la lista de ciudadanos fundamentalistas que quieren determinar qué partidos deben competir y se encontrarán ahí todos los seguidores del tabasqueño. Lo que no puede ganar en las urnas lo quiere obtener López Obrador con exclusiones autoritarias.
