El espionaje telefónico en México carece de una regulación adecuada y con la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión cualquier autoridad puede solicitar información como llamadas, mensajes de texto (SMS) y la ubicación de los usuarios de telefonía.
Tal situación preocupa a las empresas de telefonía celular como Telcel, Telefónica México, Iusacell y Nextel.
Así como a organizaciones de la sociedad civil, ya que manifiestan no confiar en las autoridades.
«Consideramos que es necesario que se enlisten todas y cada una de las instancias de seguridad a que hace referencia el artículo 189, lo anterior con la finalidad de brindar certeza jurídica», indicó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) Gabriel Székely, director de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), que representa a las cuatro empresas telefónicas que operan en el país.
Otra vertiente del espionaje telefónico es que es fácil de lograr y a un costo muy bajo. Escuchar y grabar conversaciones se puede hacer con o sin el consentimiento de alguno de los involucrados y sólo se requiere conseguir el software y los dispositivos para llevar a cabo la actividad.
