Guatemala
Un nuevo golpe contra la corrupción en Guatemala volvió a hacer tambalear hoy a las instituciones públicas del país, tras conocerse la adjudicación irregular de un millonario contrato en el denominado caso IGSS-Pisa que afecta a la Sanidad Pública.
Las autoridades guatemaltecas revelaron esta mañana un caso de fraude en el Seguro Social del país que afectó a varios pacientes con insuficiencia renal y por el cual se investigan siete muertes.
Después de 18 allanamientos realizados en varias zonas de la capital y en áreas cercanas, los agentes arrestaron a un total de 17 personas involucrada en la adjudicación «anómala» de un contrato de más de 116 millones de quetzales (casi 15 millones de dólares) a una empresa farmacéutica.
En septiembre de 2014, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) contrató a la compañía Droguería Pisa de Guatemala Sociedad Anónima para que atendiera a los pacientes con insuficiencia renal.
El abogado colombiano Iván Velásquez, a cargo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de Naciones Unidas, explicó que, durante el último trimestre del año pasado, su ente tuvo conocimiento de irregularidades en la tramitación de ese contrato en el que intervenían funcionarios y personas particulares a cambio de «comisiones improcedentes».
Según las primeras investigaciones, los implicados, de los que hasta el momento hay 17 detenidos, cobraban entre el 15 y el 16 por ciento del importe final del contrato, por seleccionar a la empresa.
Entre los arrestados están el ex secretario del presidente Otto Pérez Molina (2012-2013) y director del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez; un representante de la cúpula empresarial, Max Quirín, y el presidente del Banco de Guatemala, Julio Roberto Suárez.
Velásquez aseguró que la Junta Directiva electa para evaluar los candidatos a la adjudicación de dichos servicios eran personas que no tenían «la aptitud suficiente» para evaluar los condicionantes.
El jefe de la comisión de la ONU, creada en Guatemala en 2007 tras un acuerdo con el Gobierno, determinó que tienen elementos de prueba suficientes que le permiten afirmar, «más allá de dudas razonables», que los arrestados estuvieron involucrados en estas irregularidades.
Asimismo, los agentes descubrieron otro proceso fraudulento encaminado a concretar otro proceso de licitación a favor de la empresa ORTOSA por «Servicios de Hemodiálisis para pacientes de nefrología de la unidad de consulta externa de enfermedades del IGSS».
«Podemos inferir, con base en las desviaciones que se prestaron en todo este proceso licitatorio (…), que el oferente adjudicado carecía de la infraestructura real de recursos humanos», proclamó Velásquez.
La Fiscalía está investigando, además, dos denuncias de la Procuraduría de los Derechos Humanos en las que se reclama la muerte de siete pacientes de este sistema.
Entre los detenidos están miembros de la junta directiva del IGSS, Suárez, Rodríguez y el hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, Otto Molina Stalling.
Los delitos que se les imputan, dependiendo de su función dentro de la estructura criminal, son asociación ilícita, tráfico de influencias, cobro ilegal de comisiones, cohecho activo y fraude.
Horas después, Pérez Molina mostró su apoyo a la investigación, coordinada por la CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) e indicó que su Gobierno no interferirá en las investigaciones para que las diferentes instancias «hagan lo que les toca».
No obstante, asumió su responsabilidad por haber propuesto a varios de sus funcionarios detenidos para el cargo, como el del IGSS y el del Banco de Guatemala, y reconoció que se siente «defraudado» por esa falta hacia la confianza depositada.
Por su parte, el Banco de Guatemala expresó, en un comunicado de prensa, su confianza hacia su dirigente detenido, porque entre sus funciones como miembro de la Junta Directiva del Seguro no se le permitían tomar las decisiones que se le atribuyen.
La cúpula empresarial, organizada entorno al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), indicó en un comunicado que estaba «complacido» por este nuevo golpe y que era necesario llegar al fondo del caso, aunque uno de sus representantes, Quirín, esté detenido por el caso.
Esta mañana, miles de campesinos protestaron contra los casos de corrupción que se han revelado en el país tras la desarticulación el pasado 16 de abril de la estructura criminal «La Línea», dedicada al fraude fiscal y aduanero, y por la que la exvicepresidenta Roxana Baldetti presentó su dimisión.