Desde que el narcotráfico como crimen organizado apareció en 1980 justamente en Guadalajara, el Estado mexicano enfocó el problema desde la perspectiva de una agresión colateral. El mensaje que dejó el cártel Jalisco-Nueva Generación la semana pasada fue muy claro: hay ya una disputa directa contra el Estado por territorios.
De 1980 al caso extremo de Michoacán, el crimen organizado eludía al Estado, ocupaba sus espacios pero huía para evitar el choque directo, más bien aprovechaba los espacios institucionales, políticos, empresariales y fiscales abandonados por el Estado. Los enfrentamientos de narcos con fuerzas federales eran producto del choque de resistencia.
En Guadalajara quedó claro el viernes pasado que una organización trasnacional del crimen organizado resistió la ofensiva del Estado y pasó a la acción directa para proteger su territorio. Lo de menos es que la capacidad de fuerza del Estado siempre va a ser mayor a la de los delincuentes; lo importante fue que el cártel JNG encarará de frente al Estado.
Por tanto, el mensaje de respuesta de las fuerzas federales fue señalado por el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda y el jefe policiaco Monte Alejandro Rubido; el jefe del ejército dejó claro que el problema de la criminalidad responde a la existencia de “sitios de intolerancia, corrupción, impunidad, ilegalidad e irresponsabilidad”; es decir, el crimen organizado es producto de las fallas de los gobiernos y del Estado.
Y Rubido reconoció que el derribamiento del helicóptero exhibió la “capacidad de fuego” de los delincuentes y la capacidad de decisión del cártel para enfrentar a las fuerzas federales, Por tanto, anunció el uso de una “fuerza significativa del Estado” contra esas bandas.
La estrategia de seguridad ha tenido tres fases: la de descubrimiento de las complicidades oficiales de 1980 a 1985, la de acoso policiaco y judicial de 1985 a 2006 y la ofensiva generalizada de 2007 a la fecha. Sin embargo, en esas etapas el Estado no ha sabido —o no querido— organizar su capacidad de respuesta. Hasta el viernes pasado, la respuesta institucional partía de la concepción de que el crimen organizado era una expresión aislada de la sociedad criminal desde la óptica de políticas oficiales de desadaptación-readaptación social.
En esos treinta y cinco años, el crimen organizado se fortaleció, se armó, perfeccionó su fuerza criminal y ya llegó a la configuración de una fuerza paramilitar. La crisis de Guadalajara demostró también que los líderes criminales llegaron a la conclusión de que hay que disputar territorios al Estado por la fuerza de las armas, con lo que el escenario criminal ascendió de la ocupación de espacios abandonados por el Estado al asentamiento territorial contra el Estado.
De ahí la necesidad de que el Estado de bienestar social como política de seguridad dé paso al Estado de seguridad nacional con mayores y mejores instrumentos legales y de fuerza para combatir a las bandas criminales. Para ello se requiere con urgencia un pacto político que apruebe las leyes solicitadas por el Presidente de la República, entre ellas tres que garanticen mayor eficacia militar: la ley de seguridad interior, la ley de seguridad nacional y la ley de inteligencia.
El modelo social fracasó con el PRD en Michoacán y el DF, donde las bandas de delincuentes se fortalecieron ante un Estado politizado. Si bien el discurso social debe de prevalecer, en los hechos del crimen organizado no hay más que una sola apreciación: la fuerza del Estado contra los abusos criminales. Los delincuentes se han aprovechado de la debilidad política del Estado. Al final de cuentas, Guadalajara mostro que no se lucha contra una banda de carteristas sino contra una banda criminal tipo Pablo Escobar Gaviria: con una fuerza con armas largas ilegal decidida a confrontar al Estado.
