Con bombo y platillo se ha anunciado el tan anhelado «Sistema Nacional Anticorrupción», recién incorporado dentro del texto constitucional como una reforma del alto calado, que viene a colmar los encendidos ánimos de la sociedad en estas épocas electorales al ser el tema más recurrente y, en términos cotidianos, la queja más frecuente.
La corrupción por sí sola, es un tema al que le atribuyen la causa de todos los males -sin duda, con motivos suficientes para ello-, se ha discutido y utilizado en los discursos hasta la saciedad y, algo indiscutible: se encuentra profundamente arraigado tanto en el actuar público como en la iniciativa privada, forma parte de nuestra historia y está presente en nuestra realidad, incrementándose día a día, constituyendo una verdadera lacra.
Haciendo de lado las cuestiones de carácter cultural que ese fenómeno engendra, lo cierto es que desde el ámbito oficial no existen mecanismos para su combate, por el contrario, el diseño actual alienta la corrupción, la complicidad, el cochupo y, por ende, la impunidad, todo sobre valores entendidos, la única instancia que se tenía para ello, dígase la Secretaría de la Función Pública, fue desmantelada al inicio de la presente administración y, en los gobiernos estatales y municipales ocurre prácticamente lo mismo. En esa virtud, con sus asegunes, la reforma viene a cubrir un vacío y una imperante necesidad para retomar los cimientos de la ética pública.
Un punto a destacar consiste en integrarlo como «sistema nacional», con el ánimo de establecer una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, tendiente a la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, igual en la fiscalización y control de recursos públicos.
El esquema propuesto, tampoco podemos afirmar sea la panacea para el efecto de acabar y erradicar la corrupción, pues aunque se incluye elementos innovadores e interesantes como un Comité de Participación Ciudadana y la integración de representantes de los diversos poderes, también deja algunos puntos sin definir y otros obscuros que darán pauta a interpretaciones diversas. No obstante lo anterior, sus contenidos son fundamentales al complementarse con la Fiscalía Anticorrupción, las facultades a los tribunales administrativos y la obligación a las entidades federativas a replicar lo propio.
Difícilmente podrán apreciarse resultados a corto plazo, cuando menos deberemos esperar un plazo prudente de varios años antes de ver una consolidación en la materia, eso, siempre y cuando se le dé seguimiento con una voluntad política y un ánimo de cambio.
Entre el decir, el hacer y el cumplir, más aún tratándose de la cuestión política, siempre existen brechas que en ocasiones parecen intransitables, de ahí nace el escepticismo, hay temas y tiempos donde la tolerancia no tiene cabida, este es uno de ellos, quizás el principal.
