La reciente ofensiva del crimen organizado en Tamaulipas tiene dos lecturas: la positiva y la negativa. La primera señala la violencia como respuesta a arrestos de capos y la segunda enfatiza sólo la violencia en sí misma.
De ahí que se vea el reflujo de la violencia desde el vaso medio vacío o medio lleno, pero sin atender a las servilletas: el crimen organizado no se ha desterrado de las estructuras estatales por culpa de una parte de la sociedad que sigue colaborando y por una parte de la estructura política y de gobierno que continúa articulada a los cárteles.
Por tanto, para que la estrategia sea exitosa se requieren de cuando menos tres condiciones necesarias en la acción federal:
1.- Una limpieza en las instituciones estatales y federales similar a la aplicada en Michoacán, donde dos ex gobernadores se han visto involucrados con las mafias. La revisión del pasado daría muchas sorpresas en Tamaulipas.
2.- La acción hasta ahora ausente de la política social del Estado nacional: Los espacios territoriales arrebatados al crimen organizado carecen de sociedad, de tejido social y de políticas sociales de desarrollo. O se mete dinero presupuestal federal para reactivar la economía o esas zonas esperarán que las fuerzas de seguridad se vayan a otros lados para recuperar lo perdido.
3.- Y una mejor articulación y comprensión de la sociedad hacia las fuerzas estatales ajenas a las complicidades que luchan contra las mafias. Ahí está el caso de Rolando Castillo Paita, policía de la nueva fuerza de seguridad estatal, padre de tres niñas y un niño, casado, de 31 años de edad, matamorense, que cayó en el enfrentamiento con narcos en Altamira. Esa acción policiaca arrestó a trece delincuentes y decomisó un arsenal, pero las informaciones sólo destacaron el miedo ciudadano a los balazos sin saber que los delincuentes fueron encarados y derrotados por policías locales de carne y hueso.
En una carta cargada de irritación un grupo de tamaulipecos le reclamó al secretario de Gobernación que se enfatizara en el hecho de que catorce de los quince capos hayan sido detenidos. Y en el texto aportan quizá uno de los elementos más importantes que mantiene vivo al crimen organizado en el estado: “¿sabe usted realmente cuántos malandros hay en el estado? ¿Sabe usted cuántos tamaulipecos están inmiscuidos, relacionados, fusionados, enrolados y sometidos al crimen organizado? ¿Usted cree que sólo queda uno libre porque ya detuvo o abatió a 14?”
En efecto, en Tamaulipas —como en otras plazas— el crimen organizado se fortaleció por el colaboracionismo de la sociedad ante la ausencia de programas de desarrollo social integral, de bienestar salarial y de expectativas de empleo. La falla ha sido de la Secretaría federal de Desarrollo Social, cuyos programas debieran ser integrales. Las representaciones federales debieran ser los ejes de una nueva integración social. Pero Sedesol falta y Hacienda no estimula el crecimiento con inversiones productivas como ha apoyado a Michoacán y Guerrero.
El otro elemento que ha permitido que el crimen organizado siga en Tamaulipas es la visión policiaca al estilo del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, como se quejan los tamaulipecos: actuar sólo sobre las élites de las bandas y no aplicar políticas de seguridad ciudadana, sociales. Se han atrapado capos pero las estructuras de la criminalidad siguen latentes.
Las respuestas violentas del narco tienen, pues, dos lecturas: la persistente presencia criminal o la respuesta desesperada ante el arresto de jefes criminales improvisados por la prelación. Y así seguirá mientras la estrategia federal siga eludiendo actuar con energía sobre las estructuras sociales que sostienen al narco al estilo Michoacán: los criminales ya se metieron en las entrañas productivas y de convivencia social. ¿Cuántas Tutas están sembradas en la economía y la sociedad del estado y que sólo la acción federal puede romperlas?.
