La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rechazó entregar una versión pública de la información que posee del operativo que realizó en la comunidad de San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio de 2014 y donde murieron 22 personas, al grupo de diputados que coadyuva en las investigaciones de este caso.
En un oficio —de ocho cuartillas— que envió al grupo de trabajo de la Cámara de Diputados, la Defensa explicó que también está “imposibilitado” en otorgar detalles de la cadena de mando que participó en el operativo de Tlatlaya del 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar, debido a la presunción de inocencia y de defensa adecuada.
“En cuanto a sus funciones, esta Secretaría de Estado se encuentra imposibilitada para proporcionar la misma, toda vez que atendiendo el principio de presunción de inocencia y de defensa adecuada, la verdad histórica de la misma, está siendo investigada en los tribunales competentes, para que una vez agotado el procedimiento penal, así como todas y cada una de las instancias contempladas por la ley, los órganos jurisdiccionales estén en condiciones de emitir la sentencia”, describió la dependencia en el oficio que envió al grupo de trabajo de diputados.
La dependencia que encabeza el general Salvador Cienfuegos tampoco dio a los legisladores una versión pública de los procesos por delitos contra la disciplina militar que están en curso.
“Esta Secretaría de Estado se encuentra imposibilitada para proporcionar la iformación pública y versión pública, en razón a que de conformidad con el artículo 21 y fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, carece de facultades y atribuciones sobre los órganos jurisdiccionales, toda vez que las autoridades jurisdiccionales gozan de plena autonomía e independencia, respecto de los asuntos que se encuentren dentro del ámbito de su competencia”, destaca el documento.
Este jueves, el grupo de trabajo de la Cámara de Diputados, que encabeza la perredista Elena Tapia, aprobó su informe final de los hechos de Tlatlaya, y señaló que hubo un “uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza” por parte de elementos de la Sedena, que tuvo como consecuencia que al menos 12 personas fueran privadas de la vida en “ejecuciones extrajudiciales”.
Incluso consideraron necesario que el Estado profundice en las investigaciones de los antecedentes de los hechos del 30 de junio de 2014.
El grupo de trabajo de la Cámara de Diputados dijo que considera “notoriamente insuficiente” la información aportada por la Sedena, la PGR y el gobierno del Estado de México, por lo que exhortó a las dependencias a que faciliten la rendición de cuentas hacia el Poder Legislativo y atiendan sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.
La legisladora Elena Tapia cuestionó la respuesta de la Sedena. “[Argumentan que] no están obligados a entregar información ni en una situación tan grave, y eso sí no, me pongo en los zapatos de cualquier ciudadano”, dijo.