El CEN del PRI informó que mantendrá como confidenciales los resultados de los exámenes de confianza que empezó a practicar esta semana a sus más de 600 candidatos inscritos en el actual proceso electoral, y comprometió “sustituir a quienes resulten de dudosa reputación u honestidad”.
Dijo que se sometieron a las pruebas que realiza una empresa privada —cuyo nombre se reservará hasta que concluya el proceso—, el presidente del partido, César Camacho Quiroz, y la secretaria general, Ivonne Ortega, ambos candidatos a diputaciones federales.
María Marván, ex presidenta del IFAI y del IFE, dijo, en entrevista por separado, que los resultados de los exámenes de confianza a candidatos “nunca son públicos”, y así ocurre en las prácticas internacionales. Refirió que en el caso de Canadá, las pruebas a los aspirantes al Parlamento se llevan a cabo en una Comisión de Éticaque es responsable de resguardar la información. En la ley mexicana de transparencia no se incluyó este tipo de ejercicio de control de confianza de candidatos a puestos de elección.
A su vez, la abogada especialista en datos personales, Ivonne Muñoz, consultada sobre el tema dijo que la información de los exámenes de confianza sólo podría hacerse pública mediante autorización de la persona, y en ese sentido el PRI está obligado a proteger los expedientes. Subrayó que en esta materia “hay un abismo legal”.
Desde el lunes se aplican exámenes a los más de 600 candidatos. Ayer, Sadot Sánchez, secretario jurídico del PRI, informó en conferencia de prensa en la sede nacional del PRI, que 67 aspirantes de 13 estados habían sido examinados. “Con estas pruebas el PRI se hará cargo, responderá, de quienes se presenten el 7 de junio y quienes tomen posesión al iniciarse la próxima Legislatura”, dijo.
Ya en sus cargos, “el PRI tendrá que asumir que la responsabilidad de la actuación de cada uno de los representantes es personal y tendrán que responder en lo individual quienes, por alguna razón, incurran en irregularidades o en situaciones ilícitas”, dijo.
Contenido de las pruebas
A los candidatos se les aplican tres exámenes: del iris del ojo, sicométrico y toxicológico, que realizan empresas privadas en varias ciudades del país. Los nombres de las compañías serán dados a conocer al concluir este proceso.
Una de las evaluaciones es “la prueba del engaño”, que analiza el comportamiento del iris y detecta respuestas falsas con 85% de efectividad.
La toxicológica mide cocaína, mariguana, anfetaminas y metanfetaminas, a partir de muestras de saliva.
El examen sicométrico busca evaluar la aptitud el candidato respecto de su lealtad, integridad y compromiso, y se aplican dos valoraciones: una ofrece un puntaje de riesgo potencial a cometer delitos laborales, y la otra la probabilidad de un candidato a desempeñarse en forma deshonesta.
Sánchez indicó que los candidatos que sean electos estarán obligados a presentar tres declaraciones al partido y a su bancada: patrimonial, de ingresos y de intereses.
En noviembre pasado, el tricolor emitió un acuerdo para blindar al partido y sus candidatos del crimen organizado y del uso de recursos de procedencia ilícita. Entonces, estableció que sus candidatos serían sometidos “al escrutinio de los principios de honestidad, probidad, lealtad, veracidad y transparencia”.
Quienes no pasen las pruebas serán sustituidos, aseguró Sánchez.