Echan a Urban de la Policía Estatal y renuncia Melgar

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Joel Melgar Arredondo, y el director de la corporación policiaca, José Luis Urban Ocampo, fueron removidos de su cargo, luego del escándalo generado por la existencia de llamadas telefónicas que se hicieron públicas.
En su relevo fueron designados por instrucciones del Gobernador Fernando Toran-zo Fernández, Concepción Tovar Monreal y José Juan Herrera Sierra, como titular de la Secretaria de Seguridad y de la Dirección General de Seguridad Pública Estatal, en forma respectiva.
Concepción Tovar se desempeñaba como  directora de los centros de Prevención y Reinserción Social, mientras que Juan Herrera (Clave Fénix), se desempeñaba al frente de la Dirección Opera-tiva de la Policía Estatal.
El titular de la Secretaría General de Gobierno, Eduardo González Sierra, dio a conocer lo anterior, aunque no precisó las razones por las que ambos ex funcionarios fueron separados de sus cargos, pues se informó que en ambos casos solicitaron su renuncia de carácter personal. Además se informó que se aplicará una investigación para deslindar responsabilidades.
Cabe destacar que las renuncias ocurren en un contexto en el cual José Luis Urban Ocampo, fue señalado por intervenir en forma indirecta en el proceso electoral de la elección por la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez.
Asimismo, el diririgente nacional del PRD, Carlos Navarrete, solicitó en una misiva al gobernador Fernando Toranzo Fernández, el cese inmediato del Director de la Policía Estatal, José Luis Urban Ocampo, al considerar que fue una intromisión directa al proceso electoral, la llamada telefónica que se filtro con el candidato a la alcaldía del PAN en el municipio de Soledad, Juan Carlos Velázquez, en la que le instruye desacreditar al  PRD y sus candidatos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
En la lectura de un comunicado, González Sierra explicó que por orden del mandatario Fernando Toranzo Fernández, se hizo de nueva cuenta una exhortativa para que los funcionarios de la administración gubernamental, no intervengan en el desarrollo del proceso electoral, con el propósito de no crispar el ambiente político.