Luego de señalar que México contará con una nueva Ley a la vanguardia que permitirá terminar con los excesos que dañan la administración pública federal, estatal y municipal en materia de transparencia, la diputada Rosa María Huerta Valdez, destacó que la LX Legislatura de San Luis Potosí, reconoció el trabajo del Senado de la República, al haber aprobado en lo general y en lo particular la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a todos los órganos autónomos, dependencias, sindicatos y partidos políticos a rendir cuentas y transparentar toda la información relativa a los recursos públicos que manejan.
La diputada Rosa María Huerta Valdez, destacó la importancia de contar con esta nueva ley que además establece que los sindicatos de organismos y dependencias públicas sólo podrán reservar la información en torno a los domicilios de sus integrantes, pero deberán mostrar los contratos y convenios que tienen con las autoridades y la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban.
Señaló que con las nuevas disposiciones de la Ley de Transparencia, ahora los senadores, diputados federales y locales estarán obligados a informar las remuneraciones completas que reciben, sus dietas, bonos, ingresos, compensaciones, prestaciones, gratificaciones, primas y comisiones.
La diputada Rosa María Huerta, dijo que también son sujetos obligados a esta ley cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes de la Unión, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
Además, cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.
Consideró que también son de gran relevancia las sanciones establecidas para garantizar un verdadero cumplimiento de las nuevas disposiciones pues se contemplan sanciones a servidores públicos cuando declaren con dolo o negligencia la inexistencia de la información o cuando la reserven sin prueba de daño.
Además se establecen multas hasta de mil 500 salarios mínimos vigentes en la zona geográfica de que se trate a quien se niegue a hacer pública la información solicitada.
“Mantiene la imposibilidad de reservar información cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, aunque también se clasifica como reservada la información cuya divulgación represente un riesgo en materia de seguridad nacional o a las políticas monetarias y financieras del país” agregó la diputada.
También reconoció el hecho de que se contemple crear un Sistema Nacional de Transparencia, que contará con una plataforma en Internet para que los ciudadanos puedan consultar toda la información pública disponible, que deberá ser aportada por organismos públicos, autónomos, sindicatos, partidos y sujetos obligados.
En tanto no entren en vigor los lineamientos que obligan a subir la información a dicha plataforma, lo cual no podrá exceder de un año, los sujetos obligados deben publicar toda la información en sus respectivas páginas de Internet.