A fin de posibilitar el orden de prelación los apellidos en las actas de nacimiento, el legislador Miguel Maza Hernández presentó una iniciativa de modificación al Código Civil del Estado en su artículo 19.
Esta propuesta, establece que en el registro del nombre propio, los apellidos del padre y de la madre se impondrán en el orden que de común acuerdo ambos determinen, el cual deberá mantenerse para todos los hijos de la misma filiación.
En los casos de desacuerdo entre los padres, o entre quienes estén facultados para llevar a cabo el registro, el Oficial del Registro Civil determinará el orden de los apellidos en orden alfabético.
En su exposición de motivos, el legislador manifiesta que el nombre es el elemento más importante en la identidad de una persona, es lo que le diferencia del resto de sus semejantes; el cual es un bien jurídico tutelado; existe el derecho a un nombre y apellidos y esto se reconoce en diversos ordenamientos del sistema jurídico nacional; inclusive internacional.
Sin embargo, el nombre se ve condicionado jurídicamente por una tradición patriarcal, en donde el primer apellido debe ser el primero del padre y el segundo el primero de la madre, situación que evidencia desigualdad social y jurídica entre el hombre y la mujer.
“Con base en la normativa citada, la mujer en México sufre discriminación al no poder elegir el apellido de su hijo, sino que ve impuesta una estructura misógina perpetrada por una tradición que se basa en la fortaleza masculina y en el empode-ramiento económico del mismo, que es ambiguo, y hasta contradictorio, el seguir con esta práctica, mientras que en el país se crean leyes específicas para combatir la desigualdad e inequidad social”.
Añade que con esta modificación, se busca que exista un acuerdo entre la pareja para definir cuál apellido irá en primer término en el registro de sus hijos, sin que ninguna ley violente sus derechos y libertades al exigirle poner primero el del varón.
Indica que la complejidad de algunos trámites que pudiera resultar de la aprobación de éste Proyecto, son mínimos en comparación con los beneficios que pudieran redundar en la vida de las mujeres y niños; y que redunda en el reconocimiento y aceptación de la actual configuración y estructuración de las familias tales como monoparentales, o de padres divorciados, principalmente, en el actuar concreto y real de las autoridades en pro de erradicar las desigualdades de género, así como la violencia que esto conlleva. Esta iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Justicia.
