En 16 de las 32 entidades de la República Mexicana han sido ubicadas 216 empresas legítimas vinculadas de algún modo con el crimen organizado. Ser parte de las redes de lavado de dinero o colaborar con el tráfico de estupefacientes fueron sus delitos, afirma la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro deEstados Unidos.
Entre 2002 y 2014 se han sumado 17 nuevas compañías mexicanas cada año, en promedio, a esta lista. Jalisco,Sinaloa y Baja California son los lugares en donde se localizaron más “narcoempresas”. Los tres estados suman 163 sociedades enlistadas en la OFAC. Siete de cada 10 compañías fichadas se encuentran ahí.
Hasta 2014, Sinaloa tenía un solo dueño y era el cártel de Sinaloa. De las 39 empresas enlistadas, 35 eran acusadas de formar parte de la red de negocios de este grupo, según el Departamento del Tesoro.
En la famosa Perla Tapatía, el cártel de Caro Quintero ha logrado permear en un sinfín de actividades. De las 89 empresas con sede en este lugar, 44 tienen una supuesta relación con el capo. Su red ha alcanzado desde lavado de autos, restaurantes, compañías de construcción hasta varias inmobiliarias, uno de los ramos predilectos para esconder ganancias del crimen.
Aunque el gobierno de Estados Unidos ha puesto en duda la reputación de estas compañías, varias de ellas incluso han hecho negocios con el gobierno mexicano.
Negocios con México
En 2007, el Departamento del Tesoro realizó una nueva designación contra Ismael ZambadaGarcía, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses decidieron publicar los nombres de todas sus hijas y varios de sus negocios como parte de la infraestructura de los criminales para lavar dinero.
Una de estas empresas fue una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Estancia Infantil Niño Feliz, ubicada en Sinaloa, y usada presuntamente para lavar dinero.
Según la lista de guarderías del IMSS, Niño Feliz SC, operaba en Culiacán desde noviembre de 2001. La dueña, de acuerdo al acta constitutiva, era María Teresa Zambada Leyva, una de las hijas del ‘Mayo’ Zambada que fue puesta como parte de la red financiera del capo.
Dos años después, el entonces director del IMSS, Daniel Karam, declaró que la Procuraduría General de la República (PGR) tenía el expediente para iniciar una investigación en contra de la guardería.
Nada pasó. La estancia infantil sigue entre los nombres de la OFAC, los socios actuales siguen siendo de la familia Zambada y tiene un nuevo contrato que termina el 31 de diciembre de 2016.
De acuerdo con la información del portal del IMSS, esta vez la guardería comenzó operaciones el 1 de enero de 2004, tiene una capacidad instalada para 209 niños y su cuota mensual por infante ha subido de dos mil 299 a tres mil 42 pesos por niña o niño.
Es decir, el gobierno federal le paga un total de siete millones 629 mil pesos anualmente.
Raúl Benítez, integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que lo que hace el gobierno de Estados Unidos —al lanzar estos nombres— es una llamada de alerta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero “el problema es que en México no se acostumbra que este tipo de información funcione y termine en algo”, afirma el investigador.
Gran parte de la información que ha sido publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha terminado en un “hoyo negro” en territorio mexicano. En 2005, el director de la OFAC declaró que estaban asestando un nuevo golpe a las redes financieras de cárteles de la droga mexicanos. Identificaron a nueve compañías asociadas con la organización de los Arriola Márquez, capos de la droga relacionados con ‘El Chapo’ Guzmán y los Carrillo Fuentes. En esta lista estaba Corrales San Ignacio SPR de RL de CV, ubicada en Chihuahua.
Esta empresa ha logrado dos concesiones por parte del gobierno federal para expedir certificados zoosanitarios de movilización para productos y subproductos en los centros de certificación zoosanitaria, por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
La primera vez que obtuvo esta concesión fue en 2004 y apenas el año pasado volvió a conseguir estar en el Directorio de Centros de Certificación Zoosanitaria de la Sagarpa.
¿Quiénes han sido los más golpeados?
Las organizaciones delictivas que han sido más expuestas en esta lista son el cártel de Sinaloa, cuyo líder, ‘El Chapo’ Guzmán fue detenido en febrero de 2014 en un hotel en Mazatlán y el grupo criminal de Rafael Caro Quintero.
Un 60% de las empresas que han sido reportadas en esta lista negra pertenecen a estos dos cárteles del narcotráfico.
Intentan frenar el lavado
A finales de 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Así, México intentaría bloquear el flujo de dinero de grupos criminales. Con esta nueva norma, algunos sectores económicos como: juegos, concursos, préstamos, servicios de inmobiliarias, venta de vehículos, transporte de valores, agentes aduanales, joyas, obras de arte y arrendamiento, entraron en una categoría denominada como “actividades vulnerables”.
En total existen 15 sectores de la economía que el Congreso de la Unión determinó que son propensos a ser usados por el crimen para lavar dinero, afirma Alberto Elías Beltrán, director de la Unidad de Implementación de la Ley Antilavado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El gobierno no lanzó lejos la piedra. De acuerdo con lo publicado por las autoridades estadounidenses, los principales ramos en los que los criminales tienen alguna intervención son las inmobiliarias, las empresas dedicadas a la construcción, gasolineras, comercializadoras y empresas de transporte.
Un 35% de los negocios que se designaron en la lista de OFAC, pertenecían a alguno de estos sectores, se indica.
De las 216 compañías que están en la “lista negra”, 20% brinda algún servicio inmobiliario. La empresa Administradora de Inmuebles Vida SA de CV, es la primera de este ramo que fue boletinada como un negocio relacionado con el cártel de los hermanos Arellano Félix en 2002.
Para el Departamento del Tesoro, el narcotraficante que controlaba la mayor parte de estas compañías era Rafael Caro Quintero. Entre 2013 y 2014 ficharon a 14 inmobiliarias, todas en Jalisco, por ser parte de la red que escondía las ganancias del capo.
A pesar de estos esfuerzos por detener la entrada de dinero ilegal al sistema económico mexicano, para Benítez, México tiene una estructura muy débil contra el lavado de dinero.
En 2009, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que las organizaciones ilícitas lavaban cada año en México cerca de 25 mil millones de dólares.
Cinco años después, esta cifra no ha mejorado: “El año pasado, el subprocurador de Estados Unidos aseveró que la operación de drogas entre México y el país del norte genera alrededor de 30 mil millones de dólares al año”, apuntó el investigador. Un 2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país podría ser generado por actividades ilícitas.
Entidades bajo la lupa
En 2002 fue la primera vez que compañías mexicanas aparecieron en los boletines de la OFAC. Desde ese año hasta 2014, más de 200 negocios con sede en México han sido enlistadas bajo el programa estadounidense Ley de Designación de Cabecillas de Narcotraficantes —LeyKingpin— mediante la que se bloquean las propiedades y bienes bajo jurisdicción de Estados Unidos, de ciudadanos extranjeros que presuntamente hayan contribuido con bienes y servicios a cualquier grupo del narcotráfico internacional.
Estados Unidos reúne información de gran parte de sus agencias de investigación para un fin: bloquear la entrada y salida de dinero de narcotraficantes y terroristas.
Ser enlistado representa que ningún ciudadano estadounidense puede hacer negocios con esa empresa o persona.
Cuando el entonces presidente Felipe Calderón comenzó su estrategia de combate directo contra el crimen organizado, del otro lado de la frontera norte del país continuaron cerrándole las puertas a todo el dinero que proviniera de actividades de los cárteles mexicanos.
El cártel de los Arellano Félix fue uno de los primeros en sufrir pérdidas. Estados Unidos mandó una advertencia sobre cuatro inmobiliarias y un complejo turístico llamado Playa Mar, relacionados con el grupo criminal. Los cinco negocios estaban ubicados en Tijuana, Baja California.
Al final del sexenio panista, esta “lista negra” terminó agrupando a 123 empresas que, hasta el momento, no han logrado probar ante el gobierno estadounidense que no están vinculadas con ningún cártel de las drogas y siguen vetados en territorio de Estados Unidos.
Las cifras arrojadas durante el sexenio calderonista podrían quedarse cortas en comparación con el gobierno actual. En sólo dos años del mandato de Enrique Peña Nieto, el Departamento del Tesoro ya ha catalogado dentro de esta lista a 70 empresas. La mitad de lo que se registró durante todo el periodo panista.
El primer año de la actual administración fue el que presentó más adiciones: 51 empresas fueron acusadas de colaborar de algún modo con los grupos del crimen organizado en México y el gobierno estadounidense advirtió a sus ciudadanos que no podían realizar ningún tipo de transacción con estos negocios.