Una de las preocupaciones en la globalización es la extensión de la corrupción, que corroe a todos los países pero que tiene un efecto más pernicioso en los países en desarrollo, porque ésta afecta más a los pobres, ya que ocasiona que los fondos destinados a mejorar los servicios básicos, la alimentación, la desigualdad y la injusticia sean desviados y no alivien la miseria que padecen millones de seres humanos.
En este sentido, cualquier sistema anticorrupción tiene como propósito fundamental el que los recursos públicos y sociales se utilicen con eficiencia, eficacia y economía, dentro de los parámetros establecidos por el Estado de derecho, para lograr un mayor bienestar social. Esto promueve la inversión, que genera empleo y riqueza, así como atrae capital y ayudas extranjeras que contribuyen al desarrollo de las zonas más deprimidas del orbe.
Bajo esta óptica, los sistemas deben orientarse a la prevención de la desviación, más que a la sanción y persecución de la misma, y a la cooperación entre los distintos órdenes de gobierno, supra y subnacionales, en el combate de la corrupción para evitar que la migración delincuencial deje impune a quien comete ilícitos relacionados con el manejo de fondos públicos. En este propósito, el papel de la Secretaría de la Función Pública es esencial.
Los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y la Organización de los Estados Americanos han acordado suscribir diversos convenios tendientes a prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, en razón a que ésta pone en riesgo la democracia representativa, la paz y el desarrollo de los países.
Dichas convenciones hacen énfasis en la mejora en la gestión pública (mejores sistemas de información), las buenas prácticas en los procedimientos de contratación, la prevención de los conflictos de intereses, la transparencia y la rendición de cuentas. La parte punitiva es de índole penal, no necesariamente administrativa y se orienta a la cooperación entre fiscales, la prevención de la transferencia entre países de activos adquirido ilícitamente y la homologación de los tipos delictivos para poder perseguir las mismas conductas en los distintos territorios. Las convenciones internacionales surgen motivadas por al aumento de la delincuencia organizada, la delincuencia económica y el enriquecimiento individual ilícito. La prevención de la corrupción se relaciona con: los sistemas profesionales de carrera; la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales; la detección y erradicación de los conflictos de interés; el fortalecimiento de los sistemas de transparencia; la promulgación de códigos de ética; el establecimiento de sistemas de denuncia de actos de corrupción; la conformación de procedimientos apropiados de contratación pública con la participación de la sociedad civil, así como con la difusión de los procedimientos de aprobación del presupuesto público; la presentación de información oportuna del gasto e ingresos; la modernización de la contabilidad gubernamental, en el caso del federalismo, la armonización de la misma en los tres niveles de gobierno; la identificación de los riesgos de posibles desviaciones de recursos y la consolidación de los controles internos de las organizaciones públicas gubernamentales y no gubernamentales.
En el combate a la corrupción se involucra a los particulares —mayor transparencia en las inversiones, pagos al personal, gestión de las concesiones o recursos públicos, prevención de los conflictos de interés y los controles, auditorías y certificaciones— y la participación social con el acceso eficaz a la información pública a las organizaciones no gubernamentales e individuos, la denuncia anónima y la protección de quienes buscan, publican y difunden información relativa a la corrupción.
¿Cómo combatir a la corrupción? Con una reforma profunda al marco normativo, que en realidad se ha hecho en los últimos veinte años. Formalmente hay un avance significativo. La noticia de la semana, la aprobación por el Senado de la minuta de Ley General de Transparencia, lo confirma. El acento está puesto en la prevención, aunque se insista en el aspecto sancionatorio en el discurso político. Entonces, las tareas inmediatas son concentrarse en hacer efectiva la norma promulgada y consolidar las políticas de desarrollo administrativo, que son enormes y sólo rendirán frutos.
cuando efectivamente las condiciones de la población más necesitada mejoren por la acción de las instituciones públicas y los efectos del presupuesto bien destinado.
