El proceso de apropiación territorial en San Luis Potosí ha dado al traste con la seguridad de la tenencia de la tierra y dado el paso al crecimiento desigual y desordenado de la ciudad, impactando de manera negativa los servicios públicos como se observa desde el aprovechamiento ilegítimo de La Garita de Jalisco y la devastación de la propiedad comunal de San Juan de Gua-dalupe, denunciaron el abogado Carlos Covarrubias y el comunero Tomás Jasso Menchaca.
Cuatro empresarios inmobiliarios, entre los que destaca Carlos López Medina, terminaron por apropiarse, con engaños y contando con el apoyo del gobierno potosino, de 1 mil 800 hectáreas del Ejido La Garita de Jalisco, ofreciendo una mentirosa fusión mercantil a los ejida-tarios, explicó el abogado.
Covarrubias Rendón observó que el mismo procedimiento por el que se favoreció el interés de los fraccio-nadores se ha replicado impunemente en el caso del Aguaje, en Capulines, Escale-rillas, Guadalupe Victoria; y, más recientemente en El Gran Peñón; sólo se han visto detenidos por un núcleo de resistencia de la Comunidad de San Juan de Guadalupe, aún cuando estos empresarios confabulados con las autoridades agrarias federales, funcionarios estatales y municipales, han sometido a la representación comunal, particularmente al Comisa-riado de Bienes Comunales, a través del Grupo de Los Juanes Perreros y con el sometimiento de un opositor, Margarito Jasso Menchaca, ahora al servicio de sus intereses.
El desigual desarrollo urbano ha tenido impactos negativos sobre el resto de la población, al reducir a sus mínimas proporciones la calidad de los servicios que prestan el estado y el ayuntamiento de San Luis Potosí a los capitalinos y esto se observa desde el año de 2004, en el caso de La Garita y de 2006 para el caso de San Juan de Guadalupe, una comunidad en donde se mantiene la resistencia social.
Con todo, los fraccio-nadores han tomado prácticamente por asalto la Sierra de San Miguelito, a cuyas faldas han construido desarrollos urbanos para la clase económicamente pudiente, pero afectando a la mayoría de los habitantes de San Luis Potosí; los fraccionadores, apoyados por el gobierno, incluso, doblegaron ya la resistencia de los habitantes de la delegación de La Pila.
Sólo queda como foco de resistencia social un pequeño grupo de comuneros de San Juan de Guadalupe, quienes han dado, con Tomás Jasso a la cabeza, la batalla política y legal a los fraccionadores y sus aliados incrustados en el gobierno estatal y federal.
Uno de los puntos que mueven a la codicia de los fraccionadores representados por Carlos López Medina tiene que ver con el potencial de desarrollo de las más de 14 mil hectáreas de que está compuesta la dotación presidencial a los comuneros; su ubicación de privilegio en el eje de vialidades carreteras y ferroviarias y por los recursos hídricos de la Sierra de San Miguelito.
Tomás Jasso aseguró con la representación de los comuneros que aún se mantienen en resistencia, que a la comunidad de San Juan de Guadalupe no le ocurrirá lo que a los ejidatarios de La Garita de Jalisco, a quienes se engañó con el cuento de las sociedades mercantiles y, tras empobrecerlos, se procedió a comprar sus tierras al más bajo precio posible.
Jasso Menchaca aseguró que los empresarios han ofrecido la adquisición del fundo comunal por 250 mil pesos a repartirse entre los 300 titulares originales y sus herederos; ello es así porque con el engaño de las sociedades productivas agrope-cuarias han realizado préstamos individuales a los comuneros hasta por 50 mil pesos, generando con ello deudas que en su conjunto oscilan entre los 300 y 400 millones de pesos.
Tomás Jasso y Covarrubias Rendón acusaron al presidente municipal, Mario García Valdés, de tratar de intervenir en favor de los constructores, ofreciéndoles convertir a la dotación presidencial en una delegación municipal; frente a esto se han interpuesto recursos judiciales ante el Tribunal Colegiado para evitar el despojo.
