En México, la práctica de la tortura es generalizada y la mayor parte de los casos están impunes, señaló el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez.
Al presentar su informe anual de actividades en el marco de la sesión regular 28 del Consejo de Derechos Humanos, indicó que esa práctica ocurre desde la detención hasta que la persona es puesta a disposición de los ministerios públicos y se usa con fines de castigo o como parte de las investigaciones.
En respuesta al diagnóstico, el embajador Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, dijo que el gobierno mexicano está en desacuerdo con el hecho de que se utilice el término “generalizada” porque “no refleja la realidad”.
En entrevista con un Diario de circulación nacional, indicó que la Cancillería de nuestro país solicitó un reporte al relator sobre los casos que pudo documentar y sólo recibió 14 expedientes.
“Por eso decimos que no se puede usar esa aseveración cuando se limita a esos pocos casos. Una cosa es la retórica y otra la sustentación, y la verdad es que no se puede sostener ese calificativo”, reiteró.
Juan Méndez reportó ayer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sus labores en el último año, durante el cual visitó, entre otros países, a México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014. En su exposición dedicó un minuto para explicar el caso de México y reconoció las facilidades que recibió por parte del gobierno de nuestro país para realizar su trabajo, además aseguró que las autoridades trabajan en la materia.
En octubre de 2014, luego de visitar nuestro país, el relator dio un informe preliminar en el que expresó su preocupación por la impunidad en la materia y exhortó a las autoridades a indagar todos los casos sin premura, de forma imparcial e independiente.
Cinco meses después, en Ginebra, Suiza, entregó el reporte final a dicho órgano de la ONU en el que señala que la tortura es generalizada en México y observó también serios problemas en las condiciones de detención.
El informe. En el reporte indica que México atraviesa por una compleja situación de seguridad pública y que la delincuencia organizada es un desafío para las autoridades y la población.
Indicó que desde 2006 y bajo la denominada “guerra contra el narcotráfico” se han establecido medidas para regular la detención, investigación y combate a la delincuencia organizada, incluyendo el despliegue de fuerzas armadas que cumplen funciones de seguridad pública, llegando a 50 mil efectivos en 2012.
Citó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró un aumento de quejas por tortura y malos tratos desde 2007, y reportó un máximo de 2 mil 20 quejas en 2011 y 2 mil 113 en 2012, comparadas con un promedio de 320 en los seis años anteriores a 2007. Entre diciembre de 2012 y julio de 2014, la CNDH recibió mil 148 quejas por violaciones atribuibles a las Fuerzas Armadas.
Señaló que no existe un registro nacional y cada entidad tiene datos propios. “Muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad”.
El documento señala que las personas denuncian, generalmente, haber sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan los motivos del arresto.
Agregó que la detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas, e incluso hay casos en los que las víctimas fallecieron a causa de las torturas.
No coincidimos. Al respecto, el embajador Lomónaco indicó que la visita del relator se inscribe en la política de apertura y cooperación que México ha mantenido con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
“Dicho compromiso parte de la convicción de que la prevención, combate y erradicación de la tortura son tareas prioritarias para la consolidación de una política de Estado en donde los derechos humanos se configuren como la base del desarrollo institucional”.
Comentó que el gobierno mexicano identifica los retos en la materia, pero no podemos compartir una aseveración en el sentido de que la tortura es una práctica generalizada en el país, ya que “no corresponde con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos que ha desplegado mi país para consolidar en la ley y en la práctica”.
El diplomático consideró que en México se han establecido mecanismos para erradicar la tortura y se han establecido los protocolos para documentar y llevar los casos ante la justicia. El compromiso del gobierno es avanzar hacia una Ley General contra la Tortura, de tal manera “que decir que es una práctica generalizada no refleja los grandes esfuerzos que hemos hecho para mejorar el marco legislativo e institucional”, manifestó.
Desde mayo que concluyó su visita se le pidieron los casos que pudo documentar para darles seguimiento “y sólo nos ha presentado 14 casos”, dijo. Pese a ello, el gobierno mexicano seguirá cooperando con los organismos internacionales, mantendrá su apertura y dará seguimiento a las recomendaciones.
Al conocer el reporte, Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno que cumpla con todas y cada una de las recomendaciones que, desde octubre del año pasado, presentó el relator al adelantar parte del informe.
Plateó garantizar que los médicos forenses realicen exámenes inmediatos, imparciales y exhaustivos en los casos donde se alega tortura y que las autoridades acepten los informes de expertos independientes como prueba válida en casos judiciales.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Luis Miguel Barbosa, rechazó que la tortura en México sea un fenómeno generalizado. Aunque hay casos y problemas, no es práctica común. Agregó: “No es admisible”.