Los acontecimientos de últimos meses, que han puesto de cabeza al país, provocando sospechosismo, dudas e incredulidad, pasan invariablemente por la Procuraduría General de la República, que se ha visto con una imagen deteriorada por los casos de Tlataya y Ayotzinapa, vericuetos escandalosos que dan pauta a un sinnúmero de especulaciones, aunado a las presiones internacionales por las permanentes violaciones a los derechos humanos, exigiendo el cese de las torturas o el esclarecimiento de las desapariciones forzadas, desembocando en el desgaste de una institución que debe ser pilar en el sostenimiento del orden social.
Desde luego que no es la única institución que sufre tal detrimento, existen muchas más, me atrevo a decir que la mayoría, sin embargo, la Procuraduría en estos momentos es indispensable e insustituible, aunque por otro lado difícilmente puede continuar bajo las circunstancias actuales, de hecho ya desde hace tiempo se veía venir, lo que motivó una serie de cambios transformándola de fondo, que aún no se aplican, pero es urgente su implementación.
El cambio de Procuraduría General de la República por la Fiscalía General de la República, no puede circunscribirse simplemente a su denominación, sino a todo un proceso de modernización, que vaya acorde al nuevo sistema penal acusatorio y con el incipiente sistema anticorrupción.
Está por demás decir que dentro y fuera del país, nos colocamos como una nación con elevados índices de corrupción e impunidad, tema que ocupa la atención desde hace varios años, sin avances sustanciales, por el contrario, constituyen prácticas cotidianas en todos los niveles y órdenes de gobierno.
Los abusos están al orden del día y la gente no aguanta más, está cansada de ver como los funcionarios, servidores públicos y demás se aprovechan de los puestos para su beneficio propio y nadie hace nada, por el contrario se protegen entre ellos mismos.
En fecha próxima el Senado de la República deberá nombrar un Fiscal Anticorrupción, esta designación será más emblemática que la del Fiscal General, pues le corresponderá la encomienda no solamente de perseguir a los corruptos, sino de recuperar la confianza y credibilidad en las instituciones. La culminación del ciclo de la Procuraduría General de la República debe aprovecharse para poner orden comenzando por la casa, donde aún persisten las mochadas y las cuotas, los excesos y abusos, por eso la desconfianza es ganada a pulso.
La renovación debe ser integral, máxime que ahora su titular será por un periodo de nueve años, lo que permite ir más allá del sexenio y, por lo tanto en posibilidad de evitar los vaivenes políticos y fincar compromisos -como debe ser-, con el desarrollo del país, no más de lo mismo.
