Cada año ingresan de manera ilegal a México unas 250 mil armas, pero las autoridades sólo confiscan el 14 por ciento, aseguraron senadores perredistas.
A través de una iniciativa de reforma constitucional, propuesta por los senadores Zoé Robledo, Armando Ríos y Benjamín Robles, que es analizada en las comisiones de Puntos Constitucionales, de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos Segunda, se señala que la cantidad de armerías crece constantemente en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos.
En dicha zona, abunda el texto, hay unas seis mil 700 tiendas concentradas en las zonas limítrofes de México con California, Arizona, Nuevo México y Texas.
Tal situación, consideran los legisladores, ha contribuido a que en México circulen más de 15 millones de armas ilegales y que alrededor de un 80 por ciento de esa cantidad provengan de Estados Unidos, “lo cual en parte explica que en nuestro país se hayan utilizado armas de fuego en la mitad de los 120 mil homicidios cometidos entre 2007 y 2012”.
El texto detalla que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que durante 2013 se registraron 22 mil 732 asesinatos, de los cuales 14 mil 122 fueron cometidos con arma corta, rifles, escopetas, armas largas y otros artefactos de fuego.
Ante esta situación, los senadores proponen reformar el artículo 19 constitucional para establecer que el juzgador puede ordenar prisión preventiva en los delitos relacionados con armas de fuego y explosivos.
De esta forma, agrega el texto, lo que se pretende es inhibir la portación ilegal de armas de fuego y explosivos.
La iniciativa, con fecha del 26 de febrero, pero que fue presentada en el pleno senatorial y turnada a comisiones el 3 de marzo, refiere que uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad mexicana es el aumento de circulación de armas de fuego de manera incontrolada e ilegal.
“Este fenómeno es generado por diferentes causas, pero sus consecuencias son graves por el aumento de la violencia que propicia el incremento de los delitos de alto impacto que se cometen con estas armas”, indica la iniciativa.
Datos referidos por el senador Alejandro Encinas, quien es citado en la iniciativa, señalan que México pasó de ocupar el lugar 22 en el tráfico de armas, al quinto lugar mundial, además de que la delincuencia común, el crimen organizado y los ciudadanos adquieren armas en el mercado negro por un monto estimado de 127 millones de dólares anuales; el 65 por ciento de las armas ilegales están en poder del crimen organizado y el 35 por ciento restante las poseen civiles para su protección personal.
“El aumento en el tráfico ilegal de armas ha sido un factor para que en los últimos años México haya sufrido el incremento de la delincuencia en general, lo cual ha afectado sensiblemente las estructuras sociales, económicas, políticas e institucionales, provocando una elevada percepción de la inseguridad por parte de sus habitantes y un deterioro de la imagen de nuestro país en el extranjero”, indica la iniciativa.
A manera de ejemplo del elevado índice de violencia, los senadores revelan datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública 2014, la cual refiere que durante el año 2013 se generaron en México 33.1 millones de delitos asociados a 22.5 millones de víctimas; lo que representa una tasa de 1.5 delitos por víctima (en 2012, la tasa fue de 1.3 delitos por víctima).
La Encuesta estima una tasa de 41 mil 563 delitos por cada cien mil habitantes durante 2013, mientras que en el 2010 la tasa fue de 30 mil 535, en el 2011 de 29 mil 200 y en el 2012 de 35 mil 139, lo que demuestra una diferencia significativa a la alza de 2010 a 2013.
“Se trata de un tema de gran trascendencia para el Estado y la sociedad mexicana, por las implicaciones de violencia, corrupción, impunidad, índice delictivo y vulnerabilidad que genera la portación ilegal de armas prohibidas”, menciona la iniciativa.