El candidato panista a la gubernatura, Jorge Camacho, presentará una iniciativa para que las autodefensas sean equiparadas con el modelo de policía de proximidad
El candidato de Acción Nacional a la gubernatura de Guerrero, Jorge Camacho, presentará este viernes al Congreso del estado, una iniciativa en donde se reconozca a los grupos comunitarios de defensa que hay en la entidad como policías comunitarias, bajo el modelo policial de proximidad.
La iniciativa busca modificar la Ley 281, con la intención de establecer dentro del marco normativo a los grupos comunitarios de defensa, también conocidos como “grupos de autodefensa”, los cuales surgieron ante la necesidad de tener un entorno más seguro, toda vez que quienes lo integran con seleccionados por la misma comunidad.
“En el estado de Guerrero han emergido y desarrollado distintos grupos que realizan labores de seguridad. Algunos de éstos cuentan con altos niveles de confianza y legitimidad entre los habitantes de sus localidades. El trabajo de muchos de estos grupos no gubernamentales ha sido objeto de reconocimiento en tanto han constituido una respuesta positiva a demandas ciudadanas de mayor seguridad”, detalla.
La propuesta del panista, resalta que al legalizar estos grupos, se podrá combatir aquellos que realizan hechos ilícitos y contrarios a valores democráticos, o bien, desarrollan prácticas negativas, tales como: el incremento de adquisición de armas de forma ilegal, y la obtención de la justicia privada a través de medios violentos.
El planteamiento de la iniciativa que reforma la Ley 281, destaca que la necesidad de sentar las bases normativas del ámbito de actuación de estos grupos y los límites de ésta, con la finalidad de instaurar el Estado de Derecho en Guerrero; reconocer normativamente el valor de las labores de seguridad que estos grupos realizan y, a su vez, establecer obligaciones y derechos a cargo de éstos.
Finalmente, propone sentar las bases de la relación que debe construirse y fomentarse entre estos grupos y las autoridades municipales y estatales, incluyendo a las instituciones de seguridad pública, en donde el estado tenga mayor supervisión sobre las labores que realizan sin que ello implique algún tipo de represión u hostigamiento.
“La necesidad de la supervisión deriva del carácter de las funciones que estos grupos llevan a cabo, las cuales son intrínsecamente públicas e impactan en el bienestar de la población”, afirma.