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En la Ciudad de México, 70% compra piratería: Mancera

By on 5 marzo, 2015
En la Ciudad de México, 70% compra piratería: Mancera

La piratería y el mercado ilegal de productos podrían significar pérdidas para el país por alrededor de 200 mil millones de dólares anuales, equivalentes a una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB).

Esto ha afectado a la industria mexicana, que ha tenido que reducir empleos, por lo que se buscan medidas para frenar el daño, dicen expertos.

Para combatir el problema, que afecta especialmente a la industria de audio, video y software, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) decomisó el año pasado 6 millones 100 mil productos por un valor de 17 millones de pesos, además de que impuso multas por 43 millones 419 mil pesos, afirmó el director general de dicha instancia, Miguel Ángel Margain.

El problema es que 70% de los habitantes de la Ciudad de México y de otras ciudades del país han comprado piratería en el último año, de acuerdo con la Encuesta de Hábitos de Consumo de Productos Apócrifos del IMPI. Por ello, además de las campañas de concientización se combate la venta de productos piratas, que en enero de 2015 se tradujo en el aseguramiento de 973 mil productos por un valor de 782 mil pesos y generó multas por un millón 524 mil pesos.

Para la industria y el erario hay impactos. El Comité Intersecretarial del Combate a la Ilegalidad del gobierno federal estimó que la economía informal asciende a 250 mil millones de dólares anuales, afirmó el presidente de Fomento Industrial de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Juan Manuel Chaparro Romero.

El problema es que en 80% del mercado informal (que representa aproximadamente 200 mil millones de dólares) predominan ilícitos como piratería, corrupción y venta de productos triangulados; se estima que este ilícito creció 34% entre 2009 y 2013, y en 2014 podría ser de aproximadamente 9%, agregó Chaparro.

En su estudio más reciente, la American Chamber of Commerce de México (Amcham) aseveró que el gobierno dejó de recaudar 2 mil 780 millones de pesos anuales por la piratería y que el daño a la manufactura nacional es de 75 mil millones de dólares.

El IMPI es responsable de imponer sanciones al uso ilegal de los derechos de las empresas e intervenir cuando haya afectaciones.

Margain afirmó que ha habido avances en el combate a la piratería como lo es la baja del uso de software ilegal, que de 65% retrocedió a 54%, de 2005 al 2013, dijo el director general del IMPI, Miguel Ángel Margain.

Además, se incrementó la conciencia de lo importante de patentar descubrimientos, modelos o diseños industriales, de manera que se registró en 2014 un crecimiento de 3.73% del número de solicitudes, al llegar a las 20 mil 924.

La mayor parte de los solicitantes fueron del Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato.

En cuanto a registro de marca también hubo un aumento de 10%; especialmente, se incrementaron por la vía de internet.

Margain dio a conocer que el IMPI ya cuenta con el certificado Verafirm, que avala que el software que se usa en las computadoras de escritorio, laptops y dispositivos electrónicos del Instituto son legales, a fin de demostrar que el buen juez por su casa empieza.

La Business Software Alliance busca que las empresas mexicanas, de la India y Brasil, entre otras más, certifiquen que utilizan software legal, con lo que se logró que en México ya haya cuatro certificaciones, entre ellas las del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía y el Fideicomiso del Fondo Minero, explicó la directora jurídica y vicepresidenta de la BSA, Jodie L. Kelley.

Solamente en enero el IMPI recibió 189 solicitudes para iniciar un proceso ante quien resulte responsable por utilizar ilegalmente marcas comerciales y afectar así a empresas y personas físicas, dijo Margain.

Aseguró que “hay mucho por hacer” a pesar de la baja que tienen el uso de software y productos piratas. Y añadió que en el caso de la utilización de productos apócrifos digitales es importante promover políticas públicas que garanticen un procedimiento justo que desahogue adecuadamente los procedimientos.

 

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