En medio de una veintena de discursos que consideraron que la reforma abriría una nueva etapa para el servicio público y la vida política nacional, representantes de PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista y Nueva Alianza avalaron anoche el dictamen para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.
Con 24 votos favorables, uno en contra de Movimiento Ciudadano y una abstención del PRD, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el proyecto de cambios a diversos artículos, mismos que hoy se someterán a la consideración del pleno.
Dado el alto grado de consenso que el documento alcanzó, se prevé que en la sesión de este jueves quede aprobada la reforma, la cual después tendrá que ser revisada por los senadores, quienes podrían hacerle ajustes.
De ser así, el documento regresaría a San Lázaro para una segunda validación. Posteriormente tendría que conseguir el apoyo de la mitad más uno de los Congresos locales.
El dictamen de los diputados fortalece a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría de la Función Pública; establece sanciones que aplicaría un Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa y se conforma, además, de la Fiscalía Anticorrupción.
El diputado perredista Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, expuso que el proyecto de reforma incluye la creación de un servicio civil de carrera en todos los órganos internos de control; así como la obligación de los servidores públicos de declarar los conflictos de interés, y castigos para quienes incurran en éstos.
El documento cuenta ya con varios consensos en torno del artículo 22 constitucional para que se aplique la extinción de dominio, y los artículos 28 y 41, para homologar el término “órganos de control”.
En el artículo 73 se amplían las facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de combate a la corrupción; en el 74 se otorgan facultades a la Cámara de Diputados para el fortalecimiento de la fiscalización; en el 79 se reconfigura la Auditoría Superior de la Federación, en el que se elimina el principio de anualidad y posterioridad, para llevar revisiones en tiempo real y ejercicios anteriores.
En el artículo 108 se obliga a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y de intereses a las autoridades competentes, en tanto que en el 109 se establecen las sanciones a servidores públicos y particulares.
Asimismo, en el artículo 113 se establece un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción y se determina quiénes lo integrarán, sin excluir la participación ciudadana.
Los cambios a los artículos 116 y 122 buscan replicar el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción en las entidades federativas; en este apartado se homologa la entrega de las cuentas públicas de los estados en sus legislaturas correspondientes a más tardar el 30 de abril.
Héctor Gutiérrez de la Garza, vicecoordinador jurídico de la bancada del PRI, al frente de la construcción del dictamen y de las negociaciones con la oposición, destacó que la lucha contra la corrupción y la transparencia fueron propuestas de campaña del presidente Enrique Peña Nieto, quien presentó iniciativas al respecto.
Reconoció el priista que aquellas propuestas no incluían las opiniones y aportaciones de la organizaciones ciudadanas, destacando la participación de México Evalúa y de Fundar.
“En este proceso imperó la voluntad del cómo sí… porque no hay norma perfecta (…) Es obvio que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción genera inquietudes en todos los órganos de gobierno, incluido el Poder Legislativo. No hay dueño de esta iniciativa, y si un dueño podría haber, serían las organizaciones de la sociedad civil”, exaltó el priista.
Por el PAN, Fernando Rodríguez Doval, responsable de su bancada en las negociaciones, destacó que el dictamen coloca al Congreso “en el camino correcto, porque estamos dando origen a un Sistema Nacional Anticorrupción del que después se derivarán una cantidad importante de reformas a leyes secundarias, la expedición de nuevas leyes generales que nos permitirán, también, que se pueda combatir y perseguir la corrupción con la misma intensidad, tanto en la Federación como en aquellos estados que, insisto, hoy siguen siendo el peor ejemplo en cuanto a rendición de cuentas”.
Fernando Zárate Salgado, diputado del PRD, destacó la importancia de reconocer que la profundidad de la reforma obedece a la presión de las organizaciones no gubernamentales.
Al igual que Rodríguez Doval, el perredista consideró que la construcción del Sistema también es producto de una generación a la que le toca ahora dar la batalla por desterrar la corrupción que afecta a todas las fuerzas políticas.
“Honor a quien honor merece: en un tema generacional, el diputado Ricardo Anaya (jefe de la bancada del PAN) y el diputado Fernando Rodríguez Doval han detonado con el apoyo de su partido un debate importantísimo en nuestro país, que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y el PRD ha sido pionero en la materia y hoy el gobierno federal ha aceptado esta discusión; la cuestión hay que ponerla objetiva: todos tienen las medallas”.
En el caso Virgilio, “la ley no puede ser retroactiva”
Héctor Gutiérrez de la Garza, vicecoordinador jurídico de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, consideró que no está previsto que el actual secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, sea ratificado por el Senado de la República.
Entrevistado por Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen Multimedia, el legislador admitió que “el tema del actual secretario de la Función Pública está fuera de control, ya que no está previsto en la iniciativa ratificarlo en el cargo, debido a que la ley no puede ser retroactiva.
“Como contralor interno realiza una labor preventiva; si no la hace adecuadamente la ley de responsabilidad de servidores públicos lo va a sancionar; se procesa una investigación y se entrega al Tribunal de Justicia Administrativa, que será la que sancione lo referente a las faltas graves.
“En sí el origen es más político que jurídico. Jurídicamente teníamos una Reforma Política en la que el secretario de la Función Pública sería ratificado por el Senado de la República”.
La ratificación del titular de la Función Pública atoró el avance de las negociaciones para concretar el Sistema Nacional Anticorrupción, tema en el que el PRI cedió finalmente para allanarle el camino a esta reforma constitucional, cuyo dictamen fue aprobado ayer en comisiones.
Gutiérrez dijo que la ratificación del titular de la SFP por el Senado fue el principal punto que debilitó la propuesta anticorrupción en la Cámara de Diputados, cuando ya se tenía una propuesta muy sólida.
Detalló que “en la Reforma Política se había acordado que eso se da sólo en el supuesto de un gobierno de coalición aunado a que es un contralor interno; es decir, nosotros tenemos al contralor de la Cámara de Diputados y lo eligen los diputados, y en el Senado, los senadores, sin intervención del jefe del Ejecutivo.
“Otro punto son las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar ingresos locales, en especial las participaciones federales, actualmente revisa las aportaciones federales que se destinan a un estado o municipio para un determinado proyecto; lo que no se está auditando son las participaciones federales, lo cual estaba en debate”.
En la cuenta de 2013 hay una diferencia de 66 millones de pesos; por eso se consideró importante que se auditen este tipo de participaciones. Señaló que “es una gran reforma contra este flagelo”.
Esperan la minuta en el Senado para abril
El senador perredista Luis Miguel Barbosa Huerta estimó que el Senado de la República resolverá en abril la minuta del sistema nacional anticorrupción, que en su momento turnará la Cámara de Diputados.
“Es que no puede ser de otra forma; nosotros tenemos que hacer un análisis de lo que nos envíen. Yo creo que tendrá que ser a partir de la última semana de marzo y lo que corra de abril”, calculó.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado aseveró que las resistencias, postergaciones y estrategias para que no haya productos legislativos están a la vista; por ello la idea es resolver todos los pendientes en dos semanas.
Sostuvo que en los temas de transparencia, del Distrito Federal y de seguridad puede haber la pretensión de alguna negociación o de acuerdos, lo cual es válido.
El perredista señaló que planteará que en la segunda y la tercera semanas de marzo “resolvamos todo en un solo bloque”.
En cuanto al Sistema Nacional Anticorrupción consideró que será resuelto en abril y “en ese mes tocará a la Cámara de Diputados resolver lo que nosotros le enviemos en la segunda o tercera semana de marzo”.
En otro rubro, Barbosa Huerta también confirmó que acompañará al presidente Enrique Peña Nieto a la visita de Estado que realizará al Reino Unido.