El joven, de 14 años de edad y estudiante de Secundaria, murió tras un disparo de un policía en la ciudad de San Cristobal durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro por los problemas económicos del país
Un joven murió este martes en Venezuela durante una pro-testa antigubernamental en la ciudad occidental de San Cristóbal, dijeron autoridades, en un hecho que crispó los ánimos entre la oposición política que reclama por la crisis económi-ca que atraviesa el país petrolero.
El director de Seguridad Ciudadana del Estado Táchira, el militar Ramón Cabezas, dijo que Kluiver Roa, de 14 años y estudiante de Secundaria, falleció tras un disparo ejecutado por un policía para dispersar a quienes protestaban por la infla-ción, la escasez de bienes básicos y lo que consideran repre- sión.
Sin embargo, la autoridad no precisó si el estudiante murió por el impacto de bala o tras caer inconsciente al pavimento. El joven llegó al hospital sin signos vitales.
Más tarde, el Ministerio Público dijo que comisionó a dos fiscales para investigar la muerte del adolescente, pero no precisó la causa del fallecimiento.
En las últimas semanas, las manifestaciones contra el go- bierno socialista de Nicolás Ma-duro han arreciado en la volátil San Cristóbal, ciudad cercana a la frontera con Colombia y epicentro de las protestas que tuvieron en vilo al país petrolero a inicios del año pasado con un saldo de 43 muertos.
En Caracas, diversos políticos de oposición pidieron la renun-cia del gobernador del Estado Táchira, el oficialista José Viel-ma y el cese de la «represión».
«Basta de matar a los jóvenes de nuestra patria», escribió el líder de la oposición Henrique Capriles en su cuenta de Twitter @hcapriles. La muerte del estudiante se produce después de que el Ministerio de la Defensa autorizó a principios de este año el uso de armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad que repelen las manifestaciones en el país, cuando consideren que se han tornado violentas.
En los últimos meses, el Gobierno de Maduro ha estrechado el cerco sobre la oposición política, que asegura que un 42.8% de sus alcaldes tienen procesos judiciales en su contra.
El alcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Le- dezma, fue imputado la semana pasada por supuesta conspira-ción para generar violencia luego de que, junto con la ex di-putada María Corina Machado y el dirigente preso Leopoldo Ló-pez.
Firmó un «acuerdo para la transición», sindicado por Maduro como la clave que activaría un golpe de Estado en su contra.
Diversas organizaciones no gubernamentales han exigido la liberación de los que consideran «presos políticos», pero el Gobierno de Maduro ha dicho que son «políticos presos».
