El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cerró el caso de las tarjetas Monex, por las que se acusó que la campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto se habría financiado irregularmente en 2012.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cerró ayer el caso de las tarjetas Monex, mediante las que, se acusó, la campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto se habría financiado de manera irregular y habría incurrido en compra y coacción del voto.
Por unanimidad, los magistrados resolvieron que el PRI no incurrió en financiamiento paralelo, no recibió recursos de origen ilícito y no realizó compra y coacción del voto con esos monederos electrónicos.
Empero el TEPJF dio la razón parcialmente al PRD al ordenar al INE reclasificar 6.8 millones de pesos y valorar si algunos deben reclasificarse en campañas del proceso electoral federal o comicios del DF o Jalisco, en donde el PRI admitió haber pagado, vía Monex, 16 millones de pesos.
En enero, el Tribunal resolvió un bloque de juicios promovidos por el PRD respecto al uso de tarjetas de Soriana y otras para la compra y coacción del voto, aportaciones mercantiles prohibidas por la ley y rebases de topes de campaña, lo cual fue desestimado.
En la sesión de ayer, la magistrada María del Carmen Alanís concluyó que “no se prueba financiamiento paralelo ilícito a través de Monex para dispersar recursos para beneficiar la campaña del entonces candidato de la coalición ni para compra y coacción del voto”.
“Lo que está acreditado en autos es que (el recurso) tuvo un origen lícito y un destino lícito”, indicó el magistrado Flavio Galván; “el origen del dinero es claro”, señaló por su lado el magistrado Pedro Esteban Penagos.
Mientras, el magistrado presidente del tribunal, José Alejandro Luna Ramos, estableció que “se validan las líneas de las diligencias del entonces IFE sobre el origen y esquema de tarjetas prepagadas emitidas por Monex”.
En sesión pública que concluyó en la madrugada de ayer, el pleno del TEPJF analizó el caso Monex, que data de 2012, a raíz de recursos del PRD y el PAN, y confirmó la decisión del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), que en 2013 rechazó no imponer al PRI una multa por 75 millones de pesos, pero le ordenó hacer una modificación.
El TEPJF acreditó que el PRI contrató con Monex el servicio de dispersión de recursos a través de siete mil 851 tarjetas, en las que depositó y distribuyó 66 millones 326 mil 300 pesos a su estructura: coordinadores territoriales, enlaces distritales y enlaces estatales.
Para fondear las tarjetas el PRI firmó contrato de préstamo con Alquino Servicios y Calidad, por 66.3 millones de pesos y un interés mensual de 3%.
El magistrado Constancio Carrasco, ponente del caso, explicó que existen constancias del vínculo contractual, con lo cual se desacreditó que la empresa hubiera donado recursos al PRI —como se acusó—, lo que sí hubiera sido financiamiento ilegal.
En total mediante esas tarjetas hubo flujo por 50.1 millones de pesos, de los cuales 16 millones de pesos se consideraron gastos de campaña estatal.
Pero entre mayo y julio de 2012, la suma total se elevó a 57.3 millones de pesos, es decir seis millones 800 mil pesos que sin “ninguna justificación” se consideraron por el IFE como gasto ordinario, expuso el magistrado Manuel González Oropeza.
Del recurso del PAN el TEPJF determinó que presentó argumentos generales y no pruebas de compra y coacción de voto, por lo que no se acreditó un solo caso.
El presidente del tribunal electoral, José Alejandro Luna Ramos, deslindó a ese órgano de haber retrasado la resolución, dado que el caso de las tarjetas Monex lleva dos años.
“Los tiempos judiciales no se guían por los vaivenes políticos, es decir, no se trata de una demora”, aclaró.
