El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confiaba ayer en ganar la batalla legal a un juez federal de Texas que ordenó bloquear la instrumentación de las acciones ejecutivas para aliviar la situación de hasta 5 millones de indocumentados, y dio a una coalición de 26 estados tiempo para seguir adelante con una demanda que tiene como objetivo su paralización definitiva.
“Esta no es la primera vez que un juez de una corte de primera instancia bloquea o intenta bloquear una iniciativa que, al final, resulta perfectamente legal. Estoy confiado en que he actuado dentro de los márgenes legales que me confiere mi autoridad (presidencial)”, dijo el presidente en respuesta a la decisión del juez. “La ley esta de nuestro lado, y la historia también está de nuestro lado”, agregó.
La resolución del juez de distrito Andrew Hanen, de Brownsville, cerca de la frontera de Texas con México, obligó al gobierno de Obama a postergar ayer la implementación de medidas para proteger a millones de inmigrantes ilegales de una posible deportación.
Poco antes, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, defendía la legalidad de las órdenes ejecutivas del mandatario, indicando que “son consistentes con las leyes aprobadas por el Congreso y las decisiones de la Corte Suprema. Earnest confirmó que el gobierno presentará una apelación para bloquear en las próximas semanas la resolución del juez de Texas.
“La decisión del tribunal federal impide erróneamente que se aplique esta política legal y de sentido común, por lo que se ha procedido con la apelación”, añadió Earnest para dejar en claro que la Casa Blanca no cederá un ápice en esta batalla a favor de una comunidad inmigrante.
, harta de las promesas de los demócratas y los ataques de los republicanos. Tras la resolución de Hanen, un magistrado conocido por su vena antiinmigrante y su hostilidad hacia Obama, las maquinarias del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Interna (DHS) trabajaban para frenar la embestida contra las medidas de alivio anunciadas por la Casa Blanca.
En un primer pronunciamiento desde el DHS, su máximo responsable, Jeh Johnson, informó ayer que las agencias federales bajo su mando “acatarán la orden del juez” y que detendrán los preparativos para establecer un programa que protegería a padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes hasta nuevo aviso.
Pero Johnson enfatizó que los criterios para detener y deportar a inmigrantes indocumentados, se regirán por el memorándum que su oficina hizo circular el pasado 20 de noviembre para establecer que la nueva prioridad del DHS será “la deportación de personas que ponen en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública”. En otras palabras, dejarán de ser prioridad aquellas personas que no tengan antecedentes penales, o cuya detención y deportación suponga un daño a las familias.
Decenas de organizaciones defensoras de la causa migrante, líderes religiosos, comunitarios y políticos organizaron ayer actos informativos en todo el país para denunciar la decisión del juez que deja en suspenso el proceso administrativo que debería entrar en vigor este miércoles para beneficiar a cientos de miles de personas que han decidido acogerse al programa aprobado por el presidente.
En un ambiente de urgencia y confusión, una coalición de expertos legales se encargaba ayer de informar a la comunidad migrante para que no se deje sorprender por una medida que sólo afectará de forma parcial a las órdenes de acción diferida.
“Esta resolución judicial no afectará al DACA (el Programa de Acción Diferida autorizado por Obama en 2012). Sólo contempla las medidas que anuncio Obama en noviembre pasado”, dijoMaria Elena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center. En consecuencia, según estos expertos, los llamados dreamers que se vieron beneficiados con el DACA no se verán afectados.
Sólo se verá suspendida, mientras resuelve la corte quinta de apelaciones en Nueva Orleáns, la ampliación de la Acción Diferida que iba a entrar en vigor hoy y la Acción Diferida para Padres de Ciudadanos o Residentes Permanentes (DAPA) que estaba prevista para arrancar en mayo.
Según adelantaron, la corte de apelaciones podría emitir una medida de emergencia para bloquear la orden del juez federal en Texas, una acción que podría ocurrir en las próximas semanas. Al mismo tiempo, la administración Obama se mantendrá pendiente de la resolución final que podría tardar varios meses.
México, atento. A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de México lamentó la decisión del juez Hanen y señaló que su embajada y consulados en Estados Unidos se mantendrán atentos al proceso judicial y alertó a sus ciudadanos a no caer en posibles engaños y fraudes migratorios a raíz de la decisión del juez.
“El gobierno de México… lamenta la decisión del juez”, señaló la Cancillería. De los cerca de 11 millones de inmigrantes que viven en Estados sin la documentación necesaria, más de la mitad son mexicanos.
Los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala también lamentaron la decisión del juez de Texas de suspender la iniciativa migratoria de Obama.
