El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana presupuestó el próximo proceso electoral constitucional en 154 millones de pesos, cuando se renovarán los cargos de gobernador, diputados locales, cabildos y alcaldes en los 58 Ayuntamientos del Estado.
Al referirse a lo anterior, Rodolfo Aguilar Gallegos, consejero del Ceepac, reconoció el elevado costo de esta elección, pero apuntó que hace falta más dinero de los 78 millones presupuestados, porque cada potosino debe tener garantizada la boleta, toda vez que se desconoce quién pueda ir a sufragar o dejar de hacerlo.
El gasto del Ceepac, añadió, está detallado peso por peso en cada una de las tareas relacionadas con la elección, desde la invitación al voto, la emisión de boletas con medidas de seguridad, el embalaje de las urnas, su traslado, contratación de personal, logística y hasta contratación de Programas de Conteo Rápido para dar mayor certeza a los resultados.
Aseguró que funcionarios inexpertos de la Secretaría de Finanzas presupuestaron erróneamente los recursos al Ceepac, debido al desconocimiento de lo que conlleva una elección, democrática, trasparente y participativa.
Lamentó que la ciudadanía tenga un escaso conocimiento de las atribuciones y responsabilidades de este organismo, pues se le considera como una entidad gubernamental y no como un espacio ciudadano.
Respecto a las críticas a los salarios de los Consejeros, estableció que cancelar dichas percepciones de los 7 integrantes del Ceepac en poco contribuiría a reducir el costo de la elección, pues representa unos 500 mil pesos de los 154 millones de pesos del presupuesto que se requiere para las próximas elecciones.
Expuso que los consejeros electorales enfrentan además acoso de funcionarios del gobierno, porque cuando emiten juicios que no son del parecer de aquéllos se les imputan cargos falsos para perseguirlos y fincarles falsamente responsabilidades con la justicia en forma.
Aguilar Gallegos aseguró que los consejeros hacen una férrea defensa de los derechos de los ciudadanos, porque padecen las mismas deficiencias en servicios, seguridad, salud, justicia, mala atención en los servicios públicos, de salud y educación, y hasta congestionamientos viales.
