El pasado 5 de febrero, en Querétaro, en la celebración del 98 aniversario de la promulgación de la Constitución, el Ministro Presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, intervino por primera vez, desde que fue electo para ese cargo, en un acto que reunía a los tres Poderes de la Unión.
En su discurso destacó la supremacía constitucional y la unidad del poder judicial como principios básicos de actuación. Además que la constitución es el documento que armoniza los anhelos y aspiraciones de los mexicanos y el Poder Judicial quien pondera y resuelve en caso de conflicto.
Este mensaje se emite en un momento en que la solidaridad social es poco apreciada; las exigencias de los individuos frente a las instituciones desbordan su capacidad de respuesta; las demandas de los grupos se expresan fuera de los márgenes de la ley y de cualquier respeto a la civilidad; y el chantaje es la mejor estrategia para la negociación de lo innegociable.
El equilibrio del binomio libertad-orden es esencial para que prevalezca el Estado de derecho. El axioma que rige a cualquier autoridad, que consiste en que ninguna puede hacer aquello para lo que previamente no está facultada, en una norma previa, debe complementarse con la conciencia de que el derecho de un individuo o grupo termina en donde empieza el derecho del otro. Los derechos no se ejercen en abstracto, sino en una realidad histórica conformada por las relaciones políticas, sociales y económicas. La Constitución establece los parámetros básicos de la convivencia pacífica, los ideales y los límites del poder social, su lectura se hace a través de un caleidoscopio ideológico y su interpretación bajo enfoques jurídicos diversos. En este sentido, la unanimidad persistente en cuestiones de interpretación constitucional suele ser sectaria y excluyente. La multiplicidad de criterios entre los jueces es la norma y la votación dividida no es signo de debilidad ni de la existencia de camarillas políticas irreconciliables. Aún más cuando la Constitución es un factor de unidad y guía, aunque la entendamos de distintas formas.
Por ejemplo, hay una corriente muy extendida de constitucionalistas que considera que las numerosas modificaciones a la Ley Suprema y el aumento de su contenido, son síntomas inequívocos del imperativo inaplazable de emitir una nueva. Algunos destacan sus contradicciones, que las tiene, y elogian a las constituciones que son breves, presentándolas como un modelo a seguir. Otra manera de concebirla es que, por su naturaleza jurídica, su función política y su diversidad de acepciones, la Constitución debe ser incluyente y extensa, ya que no es una obra acabada, ni mucho menos monolítica. No es un simple documento, sino que es un pacto que se renueva día a día, siempre tornasolado. No es grisácea ni blanca o negra.
La Constitución mexicana, seguramente no es la mejor del mundo, pero es la nuestra. La que hemos ido forjando en los últimos años, afortunadamente, a través del debate político. Es modelo a seguir en materias de derechos humanos, juicio de amparo, derechos de los pueblos indígenas, transparencia, entre otras materias; y novedosa en la organización estatal con los órganos autónomos constitucionales y los órganos con autonomía de gestión en el seno de los poderes tradicionales tales como la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, los tribunales administrativos y de la administración, y las recientes empresas productivas del Estado. Lo dicho resalta lo significativo de lo sucedido en Querétaro. Los tres poderes se reunieron en un ambiente de institucionalidad, lo que refleja que la sociedad está políticamente organizada y que es capaz de confrontar a quien afecte la armonía social. Además, que existe un Estado que tolera la estridencia de ciertos grupos, porque lo rige una constitución que antepone el imperio del derecho y la razón al uso indiscriminado de la fuerza; y que la fuerza de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales es superior a la de los filibusteros de lo público que medran con el presupuesto, la gestión de un servicio o la manipulación de la opinión.
La ceremonia ratifica que, en palabras del ministro Aguilar Morales, la vigencia de la Constitución es la principal fortaleza institucional, pero ningún diseño institucional será idóneo si no se promueve, simultáneamente, la cultura de la legalidad, la práctica del consenso, de la argumentación jurídica fundada, basada en el respeto, la tolerancia y el hábito de detenerse respetuoso frente a los derechos del otro.
De la ética a las reglas de integridad
Las noticias de la semana, para quienes gustan del estudio de la administración pública, son el anuncio de las acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés, así como el nombramiento de Virgilio Andrade Martínez en la Secretaría de la Función Pública por el Presidente Peña Nieto. La nota periodística es la investigación que ordenó sobre “si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compra-venta de inmuebles de mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con un servidor” (cita textual), que mereció las ocho columnas de los medios impresos nacionales.
