Los gobiernos de México han obviado la prioridad constitucional del recurso agua en su calidad de bien patrimonial de la nación y su condición de derecho humano para darle un uso económico-empresarial, acusó el investigador del Colegio de San Luis, Edgard Talledos.
Talledos, especialista en Geopolítica, dictó una conferencia magistral en el marco del coloquio denominado Agua y Sociedad, auspiciado por el Colegio de San Luis.
Destacó las facilidades que se han venido otorgando a los empresarios del rubro minero, altamente consumidores de agua para sus procesos de lixiviación de minerales, sobre las demandas de los agricultores y ganaderos y, muy por encima de los centros de población.
Un ejemplo de esta conducta se puede observar en San Luis Potosí, en el contexto de las actividades extractivas de oro y plata en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro, por parte de la empresa canadiense Minera San Xavier.
Uno de los efectos de la explotación del agua llevó a una situación de crisis a los habitantes de varias colonias y asentamientos humanos de Soledad de Graciano Sánchez, al acelerar el proceso de agotamiento de los pozos de suministro.
En los últimos meses se estimó que entre los desperfectos del sistema, el agotamiento de los pozos y la influencia de las actividades mineras, se afectó el suministro de alrededor de 300 mil personas, solamente en el municipio de Soledad.
Indicó que lo más grave de todo esto es que desde el gobierno, desde las instituciones públicas, se le ha dado al agua el carácter de mercancía, no de servicio y, mucho menos de bien público.
Para los gobiernos esta óptica tiene a facilitar la instalación de empresas con las que buscan dar impulso a la generación de empleos y la atracción de capitales; de ahí que se insista en la promoción de infraestructura hidráulica, generando, a falta de nuevas fuentes, fuertes desequilibrios en la prestación del servicio a las comunidades.
Es claro que ni los conglomerados sociales, ni los rubros de producción primarios (ganadería y agricultura) reciben el trato y las facilidades que los administradores públicos están otorgándole a las empresas de la transformación.
Tales prácticas se vienen realizando desde la década de los 80 y nos e encuentran supeditadas sólo a las empresas mineras, sino también a las embotelladoras y en general a las empresas de la transformación.
Ello explicaría un poco el que se instalen y permitan proyectos como el denominado Monterrey IV que busca conducir agua desde el cauce del Río Tampaón hasta la ciudad de Monterrey y al municipio más rico de México: Garza García, Nuevo León, a costa de los habitantes de la región, entre ellos los areneros de ese río.