Encuentra CEDH irregularidades en la detención del Padre Chuy

En atención a las quejas interpuestas por familiares, amigos y simpatizantes del sacerdote José de Jesús Cruz, párroco de Nuestra de Señora de Fátima, a quien se le fincó un proceso por la presunta comisión de un delito de abuso sexual, la Comisión Estatal de Derechos Humanos anunció que en los próximos días, y antes de que termine este mes, remitirá una recomendación a la Dirección General de Seguridad de seguridad Pública, al detectarse irregularidades en la detención del religioso.
De acuerdo con la investigación y análisis del caso, explicó el presidente de la CEDH, el abogado Jorge Vega Arroyo, se encontraron diversas irregularidades en el proceso de detención, luego de que los agentes municipales, sin presentar una orden librada por autoridad competente ingresaron al área habitacional del templo donde, además, causaron destrozos.
El análisis de la queja interpuesta continúa, con la finalidad de verificar los hallazgos y, asimismo, contrastar los términos de la denuncia, las características del denunciante quien, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz García, incurrió en contradicciones.
Aseveró el comisionado estatal de Derechos Humanos que los agentes policíacos que intervinieron en la detención del sacerdote incriminado, obviaron reglas procedimentales al ingresar como lo hicieron, toda vez que no se cumplió con el presupuesto de la flagrancia, tal y como denunciaran su defensa y el mencionado Centro de Derechos Humanos.
Al no contarse con una orden judicial, los agentes de seguridad pública municipal que ingresaron en las habitaciones parroquiales, incumplieron con los protocolos e incurrieron en el presupuesto de una figura tipificada como allanamiento de morada, destacó la CEDH.
La supervisión in situ de las habitaciones parroquiales dio cuenta de la ruptura de cristales de varias ventanas de ese espacio, así como del desorden ocasionado por la acción misma de la aprehensión de los uniformados municipales.
Por su parte, la Arquidiócesis de San Luis Potosí, a través de su portavoz, Juan Jesús Priego Rivera, indicó que se espera de la actuación de las autoridades que han tomado conocimiento del caso un trato justo, objetivo y absolutamente apegado a derecho; se destacó que la defensa del sacerdote se encuentra a cargo de un abogado contratado por la familia del incriminado y no de la Asociación Religiosa.