Frente a las aseveraciones vertidas por el secretario general del ayuntamiento capitalino, Juan Ramón Nieto Navarro, la sociedad de padres de familia de la Escuela José María Morelos y Pavón, opuestos a la eventual construcción y operación de la Comandancia Centro, demandaron al funcionario la exhibición del permiso presuntamente otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Respecto del señalamiento en el sentido de que la oposición a la Comandancia Centro estaría reducida a unas cuántas personas, una clara minoría, hicieron llegar al servidor público 325 firmas de padres de familia, notariadas, más 80 firmas adicionales, de un total de 411 integrantes de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela José María Morelos y Pavón.
Una de las madres inconformes –y vecinas del plantel escolar que trabaja tres turnos, al incluirse la educación para adultos, la secundaria y la preparatoria—, María Cristina Mata manifestó al secretario del ayuntamiento capitalino, que sus afirmaciones en el sentido de que se cuenta con el permiso requerido por el INAH, fueron controvertidas por el delegado de dicha institución, Juan Carlos Machinena Morales, quien aseguró a los vecinos que le solicitaron dicha información que no se le había concedido.
La madre de familia insistió en que los intentos de Juan Ramón Nieto Navarro por minimizar el problema no se corresponden con los de un auténtico servidor público, al empeñarse en la afectación del interés superior del menor y al sostenerse a contrapelo de los protocolos de seguridad establecidos en este aspecto por la Secretaría de Desarrollo Social, en los que se prohíbe la construcción de unidades de servicio policíaco y de emergencia (socorristas, bomberos, entre otras) en las inmediaciones de los espacios educativos.
Recordó al abogado que “El interés superior del menor como principio jurídico protector se constituye en una obligación para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores”.
Esto, dijo, conlleva al reconocimiento de un “núcleo duro de derechos” que no admiten restricción y se constituyen como un límite que no es franqueable para el legislador. Dentro de esos derechos se encuentran el derecho a la vida, a la nacionalidad e identidad, la libertad de pensamiento y con ciencia, la salud, la educación, entre otros el interés superior del menor como principio garantista.
Las autoridades municipales representadas por Nieto Navarro, violentan el derecho de los inconformados a la legalidad, a la protección de los derechos de los niños, a la conservación de la zona de monumentos históricos, al desarrollo y la seguridad.
Los paterfamilia exigieron al secretario del ayuntamiento y al presidente municipal la exhibición de la licitación para la construcción, en caso de adjudicación directa su motivación y fundamentación, el presupuesto de la obra, el origen de las partidas presupuestales, los estudios de impacto ambiental, urbano, vial, social, de protección civil de las instalaciones, la licencia de construcción, la licencia de cambio de uso de suelo, el permiso del INAH, la autorización de las secretarías de Seguridad Pública y de Educación federales y estatales y del Fideicomiso para la Protección y Conservación del Centro Histórico de San Luis Potosí y de las autoridades de la UNESCO.
