Luego de las irregularida-des detectadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense en las investigaciones hechas por la Procuraduría General de la República (PGR).
Padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural señalaron que la »verdad histórica» de dicha dependencia se »cae a pedazos» y que por lo tanto, deben continuar las investigaciones para localizar con vida a los jóvenes. elipe de la Cruz, representante de los padres, consideró que de esa manera «está clara la intención de la PGR de querer encubrir a alguien y no sabemos a quién».
Recalcó la desconfianza que tienen hacia dicha dependencia, debido a que suele sembrar pruebas e inventar casos,
además de que sus conclusiones están basadas en las declaraciones de los presuntos responsables. En conferencia de prensa, dijo que temen por la segu-ridad de los peritos argentinos después de que dieron a conocer los resultados de sus indaga-torias, pues contradice la versión del gobierno federal sobre este caso.
Reiteró que con este dictamen del Equipo Argentino de Antropología Forense se fortalecen más sus acciones, pues ahora tienen más claro que los restos encontrados en el Basurero de Cocula no corresponden a los estudiantes desaparecidos. Destacó que el gobierno federal ha protegido a los militares involucrados, por lo que en los próximos días visitarán los cuarteles.
Consideró que el hallazgo de los 61 cuerpos en el crematorio en Acapulco es una situación que busca distraer la atención y no está relacionado con el caso Iguala.
Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, resaltó que los principales elementos encontrados por el equipo argentino que contradicen la tesis del gobierno federal son el hallazgo de una prótesis dental que no corresponde con ninguno de los estudiantes y el descubrimiento de que en el basurero de Cocula hubo otros incendios previos al 26 de septiembre del 2014, fecha en la que desaparecieron los jóvenes.
Dijo que el gobierno federal debe garantizar el acceso a todos los expedientes por parte de los expertos argentinos, pues la PGR ha limitado la revisión a los mismos.
Los padres de familia señalaron que también esperarán la visita a finales de febrero de los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que den su propia opinión sobre las actuaciones de la PGR.
