Si el gobierno federal, la CNDH, los padres de los 43 normalistas secuestrados y asesinados y grupos antisistémicos de derechos humanos fueron a Ginebra a denunciar la peor crisis mexicana en violación de derechos, al final regresaron con las manos vacías porque todos ellos carecieron de propuestas.
Y si el caso Iguala-Ayotzinapa se mostró como una crisis de Estado en materia de derechos humanos, nadie quiso asumir las responsabilidades. Lo más grave que la declaración del nuevo presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien afirmó en un documento entregado a la comisión de la ONU que la CNDH es un “organismo constitucional autónomo del Estado mexicano”, cuando es realidad es autónomo del gobierno pero es un organismo del Estado.
La ley de la CNDH en ninguna parte afirma esa autonomía del Estado; al contrario, le otorga una posición justamente del Estado al no representar al sistema político ni al gobierno central. Y el asunto se enredó más cuando en las quince —aunque se dijo que catorce— propuestas de González Pérez hubo “más de lo mismo”, sin entrar a la parte esencial del tema de las desapariciones: el régimen político aún priísta y por tanto la dialéctica de dominación-resistencia.
Así, la reunión de Ginebra dejó ver cuando menos tres partes de la crisis en los derechos humanos:
1.- La CNDH es obsoleta y el nombramiento de González Pérez lo reafirmó: negociación del PRI, imposición del grupo de interés del rector priísta de la UNAM, José Narro Robles, y la falta de una propuesta real de reforma del seleccionado. La CNDH carga con el fardo de su origen: el primer ombudsman Jorge Carpizo Mac Gregor utilizó la Comisión para catapultarse a la PGR; su sucesor Jorge Madrazo fue presidente de la CNDH después de haber sido procurador general y por tanto involucrado en los crímenes de indígenas en Acteal. Con limitaciones y un pasado sistémico, la CNDH necesita una reforma a fondo para separarlo del régimen y del sistema y lograr fuerza operativa quizá como procuraduría de derechos humanos. Los quince puntos de González Pérez carecieron de sentido social real.
2.- En materia de desapariciones, González Pérez pareció haber descubierto el hilo negro. Pero ya la CNDH había dictaminado a fondo sobre el tema con la investigación y recomendación 26/2001 —texto íntegro en http://noticiastransicion.mx— que dictaminó el procesamiento judicial de los responsables de las desapariciones de disidentes en la etapa de la guerra sucia del sistema priísta. El dictamen de la CNDH fue firmado por su presidente José Luis Soberanes Fernández y no escatimó el señalamiento de la responsabilidad del Estado. El reporte de González Pérez es, respecto al de Soberanes, tibio, etéreo, elusivo.
3.- Si todos coinciden en que México vive una severísima crisis de derechos humanos, nadie ha tomado cartas en el asunto. Un caso es sorprendente y criticable: la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado es la perredista Angélica de la Peña, esposa del Chucho mayor Jesús Ortega; y a pesar de que el nombramiento de la CNDH pasó por ahí, el PRD en el Senado ha eludido el tema; y peor: la severa crisis de DH estalló por el caso Iguala-Ayotzinapa por la orden de secuestrar a estudiantes que dio el alcalde perredista José Luis Abarca. Pero ni así ha querido el PRD cumplir su tarea legislativa y reformar la CNDH.
La CNDH, los padres de los 43 y sus asesores de ONG´s no entienden que la violación de los derechos humanos es una aberración del sistema político priísta vigente con el PRI, el PAN y el PRD y que se necesita una reforma del Estado, del sistema político, del régimen y del poder. Pero la CNDH sigue como intendente de los abusos del poder del autoritarismo político del PRI, el PAN y el PRD.
