Si en comunicación política el medio es el mensaje, la forma en que se anunció la designación de Virgilio Andrade Martínez como secretario de la Función Pública se convirtió en el detonador de una nueva fase en la crítica política.
Todos los medios impresos destacaron la información en el sentido de que el gobierno se investigaría a sí mismo. Pero no podría ser de otra manera. La división de poderes le confiere al legislativo la función de vigilar al ejecutivo. Así, la tarea del nuevo funcionario será la de investigar procedimientos sobre posibles/inexistentes conflictos de interés y sobre todo de construir una normatividad que reduzca los márgenes de corrupción.
Los instrumentos del Estado para combatir la corrupción están también en la Auditoría Superior de la Federación y sobre todo en el Congreso. La investigación incriminatoria contra Marcelo Ebrard por presuntos delitos derivados de errores en la construcción de la Línea 2 no se hizo en la contraloría capitalina sino en el Congreso. En todo caso, la forma, el modo y sobre todo la falta de estrategia en el nombramiento del nuevo secretario de la Función Pública y una ausente política de comunicación política del gobierno le dejó el espacio de redes a la crítica. Y la decisión del presidente Peña Nieto de dar él la instrucción de investigar el asunto de las casas y su relación con proveedores gubernamentales dejó al nuevo funcionario sin agenda política.
Virgilio Andrade Martínez carece de militancia partidista y es un muy competente abogado; su papel como consejero electoral del antiguo IFE no tuvo objeciones porque los errores en el manejo de los resultados le correspondieron al entonces consejero presidente Luis Carlos Ugalde. Y no se pudo aclarar un hecho procedimental inevitable: la tarea de la SFP es justamente la de investigar denuncias contra otros funcionarios públicos. Pero ante hechos políticos inevitables las estrategias de comunicación política deben atender los puntos débiles susceptibles de crítica.
En todo caso, las críticas debieran insistir en la existencia de procedimientos burocráticos y legales que siguen permitiendo casos de corrupción, la falta de un entarimado legal, penal y político para controlar más estrictamente los fondos públicos y la pasividad del legislativo para subsanar el aparato legal de lucha contra la corrupción. En términos estrictos, el Legislativo no vigila al Ejecutivo.
El asunto que la comunicación gubernamental hasta ahora no ha entendido es que se trata de casos políticos y politizados, que su medición no se hace en función de procedimientos legales sino políticos y que el público atento no es de ciudadanos que aceptarían las explicaciones legales sino que se encuentra en una etapa de participación política vía las redes.
De ahí que la respuesta burocrática a un problema político no hace más que potenciar la dinámica del conflicto en una sociedad participativa en el terreno de la comunicación. El escenario que dibujó la forma de designar al secretario de la Función Pública sólo podría tener éxito si éste encuentra irregularidades donde legal y procedimentalmente parece no haberlas. Así, el nombramiento debió de haber sido previsto en función de los escenarios finales: si exonera será cómplice y sólo será reconocido si acusa.
Lo que le queda al nuevo secretario Andrade Martínez es ofrecer resultados de corto plazo en la construcción de una estructura legal que verdaderamente combata la corrupción gubernamental, una tarea en la que falló el PRI cuando fundó la Contraloría, fracasó el PRD en el DF y en estados donde gobierna y olvidó el PAN como oposición en la presidencia durante doce años.
