El uso y la disposición irregular de recursos hasta por 1 millón 300 mil dólares, correspondientes al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de Gobierno del Estado, no ha derivado en la correspondiente responsabilidad penal del director general de dicha institución, Oziel Judiche Lara, denunció la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del estado, Francisca Reséndiz Lara.
La lideresa sindical cuestionó asimismo la honorabilidad de la representación de la sección 52, ante la junta directiva de la institución, Ángel Pecina Hernández, quien autorizó al director de pensiones la colocación de los recursos señalados en mesas de inversión de alto riesgo, procedimiento que se encuentra expresamente prohibido por la Ley de Pensiones.
Demandó claridad en la legalidad y legitimación de estas inversiones en empresas trasnacionales como Platinum Trade Bancorp de Nueva Zelanda, aún cuando esta no se encuentra en el registro de las instituciones bancarias, por lo que se desprende el interés de defraudar a los trabajadores que cotizan en la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones y su correspondiente Fondo de Ahorros.
Rechazó la oferta del mandatario estatal, en el sentido de recurrir a lo que denominó una “reingeniería financiera” para evitar el colapso del sistema de pensiones y jubilaciones, en el que reconoce una situación deficitaria hasta por 8 mil 340 millones de pesos.
Solicitó investigar y sujetar a responsabilidades de los servidores públicos a los miembros de la mesa directiva de Pensiones entre los que se encuentran el subsecretario Miguel Martínez Castro y el doctor Ismael Trujillo, en su calidad de representantes personales del gobernador; a Silvia Arellana, representante de la Secretaría de Finanzas y a los representantes del SUTSGE,, de las secciones 26 y 52 del SNTE y al propio director de Pensiones Osiel Judiche, quienes desestimaron las denuncias públicas realizadas al respecto del desvío de recursos hacia operaciones de alto riego.
La lideresa del SITTGE ofreció al mandatario estatal un plazo no mayor de dos semanas para esclarecer la situación de la Dirección de Pensiones y proceder, con la finalidad de no caer en una situación de colapso en perjuicio de los trabajadores que cotizan en dicho fondo y que no son solamente los profesores adheridos a las secciones 26 y 52 del SNTE.
Demandó a la sección 52 del SNTE, asimismo, presentar una denuncia formal por el presunto desvío de recursos ante las instancias de la Procuraduría General de la república, al considerar que se han quedado solamente en una queja pública y en un llamado al gobernador que en lada alivia la situación de quebranto financiero y contribuye a recuperar la certidumbre de los trabajadores afectados.