El recorte al gasto público en 2015 es inminente. Burocracia, comunicación social, publicidad y algunos proyectos de infraestructura serán los rubros sacrificados y que alcanzarán montos que pueden ir de 100 mil y hasta 180 mil millones de pesos, aseguran analistas.
Este lunes, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con su gabinete para anunciar la necesidad de realizar un recorte al gasto público de este año y así preservar la estabilidad macroeconómica.
Este ajuste, comentó, se dará por encima de cualquier coyuntura, incluso la electoral.
De acuerdo con expertos consultados, el recorte al presupuesto no necesariamente se dará en un solo anuncio; dependerá de la evolución de los ingresos del petróleo y de su impacto sobre las finanzas públicas.
El desplome que registra la mezcla mexicana de exportación desde junio pasado a la fecha, de 62.3% al pasar de 102.41 dólares por barril. El 20 de junio de 2014, a 38.59 dólares, al cierre de ayer, ha propiciado una caída de más de 50% en el precio estimado para la Ley de Ingresos de la Federación 2015, de 79 dólares.
Aunque el gobierno compró las coberturas para proteger ese precio, especialistas indicaron que el blindaje no protegerá 100% los recursos petroleros, lo que generará un boquete en los ingresos estimados.
El pasado jueves 8 de enero, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció que si los ingresos presupuestarios son insuficientes, no se compensarán con mayor déficit ni con nuevos impuestos, sino con un recorte al gasto público.
“La caída en el precio del petróleo era de anticiparse e iba a descuadrar las finanzas públicas, independientemente de las coberturas. El recorte al gasto público no debe ser una sorpresa, porque iba a ocurrir más temprano que tarde”, resaltó el director para América Latina de Moody’s Analytics, Alfredo Coutiño.
Dijo que las áreas más propensas a recortar son gasto corriente, por el lado de sueldos y salarios; ajustes a programas sociales no prioritarios y, si es insuficiente, se tendría que considerar a proyectos de infraestructura.
“No digo que se bajen los sueldos y salarios de la burocracia, pero sí que se pospongan o cancelen las contrataciones, porque es sabido que el aparato burocrático ha crecido en los últimos años”, opinó.
Indicó que “de los proyectos de infraestructura se deberá ver cuáles son importantes para la recuperación económica y cuáles no han iniciado y pueden retrasarse o posponerse”.
Para el año en curso, el gobierno federal destinará 2.7 billones de pesos para gasto corriente, 752 mil 340 millones son de servicios personales, donde hay algunas partidas como las remuneraciones adicionales y especiales y otras prestaciones de la burocracia, que significan un costo para la hacienda de poco más de 400 mil millones de pesos, mientras que el gasto de inversión será de 874 mil 530 millones de pesos.
Inversión de Pemex. El profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Raúl Feliz, puntualizó que un posible recorte sería en la inversión de Pemex, que está proyectada en 27 mil millones de dólares este año y 30 mil millones en 2016.
Las expectativas en torno a las reformas no se van a materializar en corto plazo y es poco viable que Pemex mantenga sus niveles de inversión; es un área sacrificable, dijo.
Estimó que el recorte del gasto público sería de un punto porcentual del PIB (170 mil millones de pesos) en 2015, pero si el problema de los precios del petróleo continúa, entonces se puede extender hasta 2% (340 mil millones) en los próximos años.
El profesor de la UNAM, Aníbal Gutiérrez, también estimó que el recorte podría oscilar entre 100 mil y hasta 150 mil millones de pesos, dada la afectación de los precios del crudo sobre los ingresos presupuestarios.
Además del gasto corriente, coincidió en que hay programas de infraestructura que podrían revisarse, cancelarse o, incluso, posponerse.
“Si se revisa el Programa Nacional de Infraestructura hay mucha chiquillería, cosas que ya estaban en marcha, o son ocurrencias de último momento. Creo que muchos de ellos van a quedar cancelados; los (programas) grandes, sobre todo lo que tiene que ver con SCT, sí seguirían vigentes”.
El pasado 9 de enero, el director del IMCO, Juan Pardinas dijo a un Diario de circulación nacional que si hay necesidad de un ajuste al gasto público, se debe comenzar con los proyectos de trenes, porque no tienen una justificación de impacto económico ni social.
El director del CEESP, Luis Foncerrada, coincidió la semana pasada al asegurar que al país le beneficiaría más cancelar los proyectos de trenes, como el tramo México-Querétaro.
El presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que es necesario que el gobierno revise las áreas que no tienen el impacto deseado, y sobre ellas se aplique el recorte.
