El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana comprometió la asignación de 88 mil pesos en calidad de prerrogativa de ley, que serán proporcionados en un lapso de 22 días a los candidatos independientes, con la presunción de que de esta manera se reduciría la brecha de la inequidad en la contienda, frente a los partidos políticos que recibirán en promedio 100 millones de pesos, denunció el aspirante independiente a la presidencia municipal, Abraham Rivera Her-nández.
La responsabilidad por la ausencia de garantías de equidad en el proceso constitucional electoral se desprende de un procesamiento, ilegal o, al menos falto de oficio pero con similares resultados, del legislador local, aseveró el candidato independiente.
Manifestó que los legisladores que hasta ahora han emanado de los partidos políticos que ostentan el monopolio del proceso electoral, han actuado con saña contra los ciudadanos que aspiran a contender como candidatos independientes, en el interés de buscar de manera pragmática la anulación de la nueva figura electoral, reduciéndolos a una mera escenografía con la que se pretende engañar a los electores, pero también podrían, a sabiendas, estar corriendo el riego de que, a final de cuentas, “el tiro les salga por la culata”, advirtió.
Una de las muchas evidencias de lo anterior radica en la intención original de orillar a los candidatos independientes a recabar de manera personal documentos electorales cuyo resguardo ha sido instruido a las instituciones públicas, como señala la ley de protección de datos personales.
Otra, observó el aspirante independiente a la presidencia municipal capitalina, se desprende del hecho de que se ha tratado de saturar con requisitos de cumplimiento obligatorio a los candidatos independientes, al orillarlos a realizar eventos que no son obliga torios para los candidatos de los partidos políticos, como es el de conjuntar firmas de apoyo ciudadano que se correspondan con el 2 por ciento del padrón electoral.
Así, dijo –de no haberse interpuesto un recurso de Amparo y Protección de la Justicia Federal contra esta disposición del legislador, un candidato independiente estaría obligado a recabar 22 mil firmas, documentos y datos personales inscritos en sus respectivas credenciales de elector con fotografía, cuando un candidato de partido, por ejemplo el PAN que no tiene más de mil 800 militantes registrados, no está obligado a hacer.
Todavía –y en función de la ley de protección de datos personales—, el que un candidato independiente recabe esa información para cumplir con un requisito de una ley mal formulada, entraña el riesgo de que en cualquier momento y en determinadas circunstancias pueda ser objeto de sospecha de las autoridades judiciales por la comisión de algún delito, con frecuencia grave: extorsión, secuestro o fraude, lo que coloca a los candidatos in dependientes, pero también a los ciudadanos que apoyan su propuesta, en una condición de alta vulnerabilidad sea por la falta de oficio de los legisladores… o por la mala intención de estos, subrayó Rivera Hernández.
