La investigación en torno a la actuación de 20 funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, señalados por torturar e intimidar a las tres mujeres testigos del homicidio colectivo en Tlatlaya, también busca determinar si incurrieron en otros delitos contra la administración de la justicia, ya que obstaculizaron la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre este caso.
Autoridades del organismo nacional confirmaron que las pesquisas también deben aclarar el proceder de los servidores públicos mexiquenses, ya que no entregaron las fotografías detalladas de los cadáveres de las personas que el organismo determinó que fueron ejecutadas.
A partir de las reformas en materia de garantías, los funcionarios deben colaborar con la comisión, ya que ésta cuenta con más atribuciones al investigar violaciones a los derechos humanos, y aquellos servidores públicos que no colaboran pueden ser sancionados o incurrir en la comisión de delitos. De hecho, entre las facultades de las que ahora goza el organismo está el poder presentar denuncias penales y administrativas.
En el caso de Tlatlaya, de acuerdo con el reporte de la CNDH sobre las pesquisas que realizó, la Procuraduría Generla de Justicia del Estado de México (PGJEM) le entregó mil 676 fotografías, pero con planos generales y no pormenorizadas de las lesiones de las personas, argumentando que no las tenía, cosa que para la comisión resulta inverosímil.
Como parte de sus diligencias, el organismo solicitó asimismo a la dependencia estatal las imágenes capturadas por el personal ministerial en el lugar de los hechos, así como las necropsias.
Pero al analizar el material, los peritos de la comisión advirtieron que no tenían detalle individual en las fotografías de cinco cuerpos, que se encontraban junto a un cuarto, ubicado en el lado norte de la bodega donde se suscitó el enfrentamiento y posterior ejecución de al menos 12 personas.
Esos cinco cadáveres forman parte de las personas que fueron privadas de la vida de manera ilegal por elementos del Ejército el 30 de junio de 2014 en dicha bodega localizada en el municipio de Tlatlaya.
“Al advertir esto, se realizaron gestiones con el director general del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría estatal, la cual confirmó que en efecto las fotografías entregadas fueron las únicas recabadas, lo cual resulta poco verosímil debido a que se observa que en las fotografías publicadas en diversos medios de comunicación que muestran cadáveres al interior de la bodega, se aprecian fotos con acercamiento de los cadáveres de la zona 1, debiéndose tomar en cuenta que las únicas autoridades facultades para fotografiar una escena del crimen son las autoridades ministeriales”, explicó la CNDH.
Por ese motivo, la comisión determinó que al no proporcionar la información íntegra con la que contaba, servidores públicos de la procuraduría obstaculizaron la investigación por violaciones a derechos humanos que realizó el organismo y que fueron producto de la recomendación 51/2014 que se presentó el 21 de octubre pasado.
Lo contrario, destacó, sucedió con el juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien autorizó la entrega de copias certificadas a la CNDH de la averiguación previa a su cargo, lo que permitió al organismo analizar la información que se recabó.
El presidente de la comisión, Luis Raúl González Pérez, reiteró que continuará con el seguimiento al cumplimiento de esta recomendación, la cual reclasificó como un caso de violaciones graves a los derechos humanos, que obliga a las autoridades a dar celeridad a su cumplimiento.