Uno de los daños colaterales de la intervención de la autoridad federal en Ficrea son los poco más de 130 empleados de la sociedad financiera popular, propiedad de Rafael Olvera Amezcua, investigado y solicitado en extradición a Estados Unidos por un fraude de dos mil 700 millones de pesos, nos cuentan.
Desde hace más de dos meses, los empleados no han recibido sus salarios y ahora se les niega la posibilidad de obtener otro trabajo en el circuito de las sociedades financieras, nos explican.
Los trabajadores del prófugo Olvera Amezcua reciben hoy en día trato de «apestados» y algunas empresas del ramo los están «boletinando» para que no sean contratados, nos hacen ver.
Entre los argumentos, según las comunicaciones internas de estas compañías, es que la situación de Ficrea y sus empleados es de incertidumbre «y de pronóstico reservado», amén del estado legal y el impacto en la imagen de la empresa de Olvera Amezcua, quien se sospecha se encuentra en Estados Unidos, nos dicen.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores acaba de anunciar que venderá los activos de Ficrea para afrontar el fraude en agravio de seis mil 500 ahorradores, cuyas inversiones volaron al amparo de la autoridad.
¿Harán algo por los empleados de Ficrea?