La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) valoró evidencias que le permiten concluir que al menos cinco civiles fueron privados de la vida con sus propias armas por elementos del Ejército durante los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014.
Las heridas en los cuerpos fueron producidas de arriba hacia abajo, lo que coincide con las declaraciones de los testigos, quienes aseguran que las víctimas fueron hincadas al momento de ser ejecutadas.
Otros tres cadáveres de las personas ajusticiadas presuntamente en el enfrentamiento también tienen fragmentos de proyectiles de las armas de fuego que fueron decomisadas a los civiles, lo que hace suponer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que murieron en el fuego cruzado o que las mismas pistolas y rifles fueron utilizadas por los militares en contra de esas personas.
Además, de las 38 armas de fuego que fueron aseguradas, sólo 11 fueron percutidas, de acuerdo con los peritajes realizados por la Procuraduría General de la República (PGR).
En este contexto, la CNDH anunció ayer que determinó reclasificar el expediente del caso Tlatlaya, Estado de México, como investigación de violaciones graves a los derechos humanos, a fin de que las autoridades involucradas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la PGR y el gobierno mexiquense actúen con mayor diligencia en el cumplimiento de la recomendación que emitió por este caso.
Un Diario de circulación nacional informó el 2 de enero pasado que a dos meses de que se emitió la recomendación 51/2014, ésta aún estaba en estado de “cumplimiento parcial”.
El 30 de junio de 2014, 22 personas —supuestamente miembros de una banda dedicada al secuestro— murieron tras los hechos de violencia ocurridos en una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. Inicialmente, la Sedena reportó que todos habían fallecido tras un enfrentamiento y la CNDH respaldó la versión.
Pero después de concluir su indagatoria, el organismo determinó que en realidad 12 personas fueron privadas de la vida de manera ilegal por parte de militares de la Base de Operaciones de San Antonio del Rosario, del 102 Batallón, siete murieron en el contexto del enfrentamiento y tres más se desconoce con precisión el motivo, pues sus cuerpos fueron movidos de lugar.
En ese sentido, el ómbudsman nacional también encontró que elementos de la Sedena manipularon la escena para pretender sostener su versión del enfrentamiento, además de que agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México torturaron a dos sobrevivientes para que no relataran lo que realmente sucedió.
La comisión documentó hechos violatorios consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia.
Las armas. La investigación de la CNDH señala que en el lugar de los hechos, las autoridades decomisaron 38 armas de fuego: 16 armas AK-47, seis AR-15, dos escopetas, un fusil y 13 pistolas. En tanto que, según la Sedena, los militares portaban siete armas, siete cargadores y 36 cartuchos.
El dictamen de balística practicado por la PGR y valorado por la CNDH establece que cinco víctimas tienen fragmentos de proyectil de un arma decomisada a los civiles y clasificada como VIII; dos más, con el arma decomisada XI-1 y otro cadáver tiene heridas con el arma de fuego decomisada número XXII-1.
A decir de la CNDH, de esas ocho personas que murieron con sus propias armas, en cinco casos se tiene evidencia de que fueron privadas de la vida de manera arbitraria por militares; en tres se desconoce la causa exacta y uno murió presumiblemente durante el enfrentamiento.
El organismo aclaró a este diario que estas pruebas fueron efectuadas por la PGR y que la CNDH sólo las valoró, pues toda la evidencia está en manos de la Procuraduría.
Además, de acuerdo con el peritaje balístico hecho por la PGR, del total de las armas aseguradas, 11 fueron disparadas [nueve largas y dos cortas].
De esas 11, ocho fueron encontradas junto a alguno de los cadáveres y tres más en una cobija dentro de la bodega y “fuera del alcance de las personas que perdieron la vida”.
Revelan información. En ese sentido, indicó que aunque en los 22 cadáveres se encontró plomo y bario en la prueba de radizonato, no es indicativo de que hayan participado en el enfrentamiento, por lo que es probable que sólo un reducido número de civiles haya accionado sus armas.
De hecho, esta versión la ofreció el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, a embajadores y cónsules durante el encuentro anual de los diplomáticos, en el que se les explicaron los casos Tlatlaya e Iguala.