DE UNIDAD.- El llamado de Joel Ramírez Díaz, presidente del PRI en el Estado, parece un mensaje emitido desde las cúpulas del poder hacia la militancia de este partido en SLP, pero principalmente hacia quienes han aspirado a ser postulados a la gubernatura de esta entidad federativa y sus grupos de apoyo. Como es mucho lo que está en juego, como son contratos de diferente naturaleza con la administración pública y hasta empleos para familiares y amistades, tendrá que realizarse un trabajo quirúrgico para convencer a los diferentes aspirantes a declinar a favor de otro, si no existen suficientes golosinas a cambio.
PELIGRO.- Uno de los peligros que enfrentará el PRI con los términos de la convocatoria, expedida para el registro de precandidatos a la gubernatura de SLP, es el de que se registren tantos aspirantes como deseen hacerlo, porque no existe impedimento para ello, salvo el candado de diez años de antigüedad en la militancia. Y con ello, que no puedan encontrarse suficientes argumentos para postular un “candidato de unidad”. Ya en el pasado han ocurrido desgarramientos en la militancia priísta que han resultado fatales para sus propósitos de permanecer en el ejercicio del poder político regional, como sucedió hace casi doce años.
CANDADO.- Luego de la emisión de la convocatoria del PRI para el registro de precandidatos a la gubernatura de SLP, el punto de interés entre priístas y observadores se concentró en la cláusula de militancia por diez años que deberán demostrar quienes pidan registrarse en este proceso. Inmediatamente comenzaron a repasarse nombres e historias partidistas, con el propósito de saber quiénes de los prospectos cumplen con ese requisito. No han faltado quienes argumentan que se trata de un requisito fácilmente salvable, bajo la lógica de que “quien tiene el poder, todo lo puede”. Sin embargo, quién sabe hasta dónde iría un litigio ante el TEPJF.
COALICIONES.- De aquel candado de la comprobación de militancia por un mínimo de diez años para solicitar registro como precandidato a la gubernatura de SLP, también se argumenta que una coalición entre el PRI, el Verde y el Panal terminaría por hacerlo talco. Sin embargo, ya hay quienes se han zambullido en ese contrato, a fin de analizar cada una de sus letras, y aseguran que allí fue establecido que sería el PRI quien impondría candidato; en tanto el resto de los partidos coaligados solamente lo aceptarían. De esta forma, parece insalvable aquel requisito mediante el acuerdo de coalición.
DELEGADOS.- Otro de los elementos que ya dan bastante tela para recortar con relación a la convocatoria emitida por el PRI para el registro de precandidatos a la gubernatura, es el de los delegados que asistirán a una Convención el Día del Amor y de la Amistad para votar por alguno de los inscritos o para designarlo si se trata de “candidato de unidad”. ¿Quiénes son esos delegados, quién los designará, a qué corrientes representarán? También se debate acerca de si su voto será a partir del juicio y de la razón o solamente de su frío cálculo egoísta del interés contante y sonante. Tampoco se omite el contraste con el ejercicio que hará el PAN.
AUDITORÍA.- Quienes expresan oposición a un incremento a la tarifa camionera solamente refieren al incumplimiento de los permisionarios a viejos acuerdos y a la calidad del servicio, a la que debe obligárseles por ley a cumplirla. Sin embargo, pasan por alto un elemento de mayor peso y está relacionado con la posesión de dichas concesiones y las utilidades que reciben sus titulares. Durante muchos gobiernos ha sido práctica común que amigos, funcionarios y sirvientes obtengan permisos del transporte, como concesión por su amistad y servicios. Bueno sería identificar a quiénes lucran con este servicio, mediante una auditoría social.
