Las relaciones entre economía y política son de sobra conocidas y, en más de un sentido, sobrevaloradas. La célebre frase del por entonces candidato presidencial Clinton respecto a que no había mucho qué discutir en torno a la insatisfacción de los electores estadunidenses, marcó sin duda la pauta más contemporánea para comprender cómo la economía influye en los resultados electorales.
El ambiente político que está imperando en México en este inicio de año electoral se ha vuelto sumamente sensible a las cuestiones económicas. Bastó que el secretario general de la OCDE estimara que el país está en posibilidades de crecer a una tasa superior al 3.5% anual, para que casi de inmediato se desatara toda una oleada de comentarios y opiniones sobre el efecto que tal pronóstico podría tener en lo que suceda en las elecciones del próximo 7 de junio.
Como resulta obvio suponer, más de un analista consideró que lo dicho por José Ángel Gurría fortalece la posición y postura del partido en el gobierno, el PRI. Si la economía finalmente va a ofrecer mejores condiciones de vida para la población, sería poco sensato que los electores dieran su apoyo a partidos con un proyecto diferente al del presidente Peña Nieto.
Para fortuna de todos, tal argumentación no es necesariamente compartida por la mayoría de la población. No obstante, lo que sí es un hecho es que las declaraciones de Gurría están sirviendo para que los temas económicos no sean omitidos o minimizados por quienes están formulando ya las propuestas de campaña que serán discutidas entre febrero y mayo.
De esta manera, el sobrepeso que hasta hace pocos días tenía el tema de la inseguridad pública tenderá a hacerse menos, para incluir referencias a la situación del empleo, la inversión productiva y el comercio. Todo ello en detrimento de la popularidad y el apoyo social hacia el gobierno federal, por lo difícil que se muestra la situación en todos esos sectores.
Pero las dificultades no estarán sólo del lado del PRI, en tanto partido en el gobierno. Para el resto de las opciones políticas resultará igualmente complejo formular propuestas que sean convincentes a los ojos de los electores y de las organizaciones civiles dedicadas a medir y valorar a cada momento los avances económicos y sociales.
Esto es así, fundamentalmente, por dos razones. En primer lugar, durante 2015 ya nadie podrá enarbolar la bandera de un proyecto económico basado en la implementación de las llamadas reformas estructurales. Para bien o para mal, ése es ya un logro del gobierno del presidente Peña, si bien es cierto que para la gran mayoría de los mexicanos tales reformas siguen siendo algo vago y muy distante de su situación más cotidiana.
Quizás pueda haber algún ocurrente que presente un proyecto de cambio definido como la reforma de las reformas, pero aún en ese caso será muy difícil argumentar una propuesta que parezca siquiera sensata o realizable.
En segundo lugar, todos los partidos se enfrentan al dilema de ofrecer un modelo de desarrollo que combine adecuadamente todos los factores económicos, pero en un contexto de escasez y de fuertes restricciones fiscales, provocado por la caída de los precios del petróleo y la baja demanda en el mercado nacional. Cualquiera que plantee una estrategia que altere la dinámica de los sectores exportadores se enfrentará invariablemente al rechazo del empresariado nacional e internacional.
Como puede verse, los temas económicos tenderán a hacer más compleja la labor de partidos y de candidatos. Confiemos en que no habrá iluminados, ni seguidores ciegos que voten por el absurdo.
En mi anterior colaboración, me referí a cómo 2014 fue un año dominado por una absurda contradicción entre lo que en principio eran los deseos de cambio de los mexicanos y la cruda realidad que nos envolvió con sus matanzas, protestas y conflictos inusitados.
Concluí mi reflexión señalando que, pese al absurdo y a las tragedias habidas, en el horizonte nacional existen oportunidades que quizás deberíamos aprovechar. Oportunidades que si bien no resolverán del todo nuestra aciaga condición, cuando menos pueden hacer que retomemos el ímpetu mostrado en 2012, cuando la mayoría de los mexicanos nos manifestamos por un cambio político con verdaderas consecuencias sociales y económicas. De esta manera, lo que 2015 ofrece al país y su población no es sino una hoja en blanco en la que podríamos escribir episodios positivos, o bien, seguir optando por llenar de funestas actuaciones la memoria histórica que entregaremos muy pronto a nuestros hijos.
En primerísima instancia, en el año que inicia tendremos nuevamente la oportunidad de elegir gobernantes y proyectos de gobierno. La ampliación de las ofertas ideológicas y partidistas no constituye necesariamente el rasgo más atractivo de las elecciones venideras, más bien lo contrario.
En juego estarán las posiciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, más un número significativo de gubernaturas, presidencias municipales y curules legislativas del ámbito estatal. En todos los casos, y pese a la creencia popular negativa, lo que se distribuirá no serán únicamente salarios y espacios de poder. Lo que se tiene que votar son las propuestas de trabajo y transformación de las economías locales y de los entornos urbanos y metropolitanos, principalmente.
No puede perderse de vista que la situación de los mercados regionales y municipales de empleo y producción dista de ser la más óptima, pese a los esfuerzos del Sistema Nacional de Empleo y de la Secretaría de Economía. Centros urbanos y zonas metropolitanas requieren que los alcaldes y sus cabildos dejen de ser meros comparsas de la expansión incontrolada del comercio informal y de las actividades ilícitas que florecen día tras día. La gobernanza contemporánea requiere que los gobiernos locales asuman el reto y la responsabilidad de medir adecuadamente las potencialidades económicas y sociales de sus espacios territoriales, para luego aprovechar los instrumentos con que cuentan para incidir positivamente en los sistemas de empleo, inversión y consumo.
Esto implica, necesariamente, que los regidores dejen de considerar a los presupuestos de obra pública y a los reglamentos municipales como meros instrumentos de actuación personal o de beneficio particular.
A nivel federal, el reto central de los electores será medir la voluntad y el compromiso de los candidatos para asumir en serio la concreción de reformas tan importantes como una nueva política anti-corrupción que vaya más allá de la mera persecución de quienes cometan actos de esta índole. Lo que se requiere es entender que, como tal, la corrupción es un fenómeno inserto en la gestión cotidiana de las instituciones y que tiene que ser ahí donde se le combata y se le prevenga, con instrumentos correctivos y de mejora administrativa.
En los dos retos señalados, el papel de la sociedad civil es más que necesario y obvio. Sólo en la medida en que los ciudadanos nos involucremos en la definición de las prioridades públicas y nos aseguremos que las decisiones contribuyen al interés mayor y no al de unos cuantos, se podrá pensar en un cambio de rumbo y de tendencia.