No deja de llamar la atención de que los afanes de justicia se dirijan casi en exclusividad a los funcionarios públicos emanados de partidos políticos distintos del PRI y que, a los del PRI no les pase nada.
Lo vimos –dijo el analista político y presidente de la Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento de la Guerra Sucia en Guerrero, José Enrique González Ruiz—, en el Estado de Guerrero, en Iguala y en Cocula. Al alcalde de Iguala lo mantienen en una prisión de alta seguridad, mientras que al de Cocula, del PRI, que participó con un comando de policías municipales en los hechos de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, se le excluye de toda responsabilidad.
La lectura que damos los ciudadanos de estos hechos es esta: “Para ser pillo sin que te pase nada, tienes que ser del PRI. Lo que se advierte –agregó—, es que ahora los gobernantes del PRI se encuentran enfocando sus baterías hacia los alcaldes del PRD.”
No deja de llamar la atención el que inicialmente en San Luis Potosí las autoridades estatales y federales, la Auditoría Superior del Estado y las contralorías subrayaran la limpieza administrativa de Gallardo y sólo actuaran, esta vez encontrando indicios de responsabilidad, cuando el CEN del PRD solicitó que se le investigara.
Llama la atención de que los investigadores de Hacienda y de la SEIDO no se estén enfocando al esclarecimiento de estas conductas. Veo circunstancias extrañas en este caso, aunque a estas alturas de la v ida no meto mis manos al fuego por nadie.
Ya vi a los alcaldes, a los funcionarios del PRI, del PAN, del PRD, de todos los partidos políticos, involucrados en una corrupción que lacera al Sistema Político y cancela el Estado de Derecho. Está podrido el Sistema Político Mexicano. Ya no da para más. Es un sistema que se agotó, se pudrió, se corrompió.
Previó que Ayotzinapa dará paso a cambios importantes en el sistema político, como Ayutla en la Guerra de Reforma, como lo hicieran otros momentos en la historia que se tradujeron en cambios profundos e importantes, de la mano de la insurgencia social. Aunque insistió en no meter las manos al fuego por Gallardo, el abogado recordó que la PGR no parece sujetarse al principio constitucional de la presunción de inocencia en el caso de Gallardo, al presentarlo como probable responsable, cuando un juez no ha declarado su estatus judicial.
