Una segunda ola de reformas en materia judicial aportará hasta medio punto porcentual anual al crecimiento económico de México, estimó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De acuerdo con la evaluación y recomendaciones que hizo el organismo internacional en el Estudio económico de México 2015, para incrementar la productividad y obtener el beneficio pleno de las reformas estructurales emprendidas se requieren instituciones judiciales más fuertes que promuevan el cumplimiento del marco legal y sean capaces de solucionar controversias de manera efectiva.
Las proyecciones económicas de la OCDE revelan que la economía mexicana crecerá a una tasa de 3.9% en 2015 y se expandirá a 4.2% para el siguiente año.
Este mayor dinamismo lo generarán las reformas estructurales aprobadas en el año pasado, las cuales, en conjunto, abonarán al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) un punto porcentual adicional anual en la próxima década.
“Esta ambiciosa agenda hace de México un ejemplo a seguir por parte de otros países que necesitan reformarse. Sin embargo, la efectiva y total implementación es fundamental y requiere una acción concertada de todos los niveles de gobierno.
“Requiere también de instituciones sólidas que hagan cumplir las leyes y regulaciones, combatan la corrupción y doten de niveles adecuados de seguridad para la ciudadanía”, dijo el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño.
Según el análisis, un sistema judicial de baja calidad dificulta el cumplimiento de los contratos y de los procedimientos de insolvencia, lo que tiende a reducir el tamaño de las empresas y su intensidad de capital, lo que a su vez merma considerablemente la productividad.
“Mejorar la impartición de justicia penal no solo es importante para la economía, sino también decisivo para mejorar la seguridad personal de los ciudadanos, lo que representa un gran reto para el bienestar de México”, detalló el reporte.
Un aspecto que también debe considerar la reforma en materia judicial es el combate a la corrupción, ya que este problema fomenta diversas actividades ilegales.
Gurría Treviño dijo durante la presentación del estudio que México tiene una baja calificación en materia de Estado de derecho.
“Tenemos niveles que son comparables a los de Rusia, y el hecho de que estemos encima de otros países no es necesariamente un motivo de enorme orgullo, lo que tenemos que hacer es acercarnos a las mejores prácticas a nivel mundial.
“El país también figura en el nivel más alto de percepción de corrupción. Aquí tenemos una calificación en la que hay mucho que trabajar y hacer”, mencionó.
El ex secretario de Hacienda comentó que las reformas estructurales en México también deben tener un enfoque más inclusivo para que los beneficios se den en toda la sociedad, de manera que se abata otro gran problema del país: la gran desigualdad.
“Reducir la desigualdad del ingreso no solo mejora el bienestar, sino también apoya el crecimiento económico. Es necesario que los beneficios del crecimiento económico sean compartidos por el grueso de la población y no se concentren entre unos pocos. El proceso de reforma tiene que ayudar a disminuir la lacerante desigualdad y garantizar que todos los mexicanos gocen de la oportunidad de tener éxito”, comentó Gurría.
De acuerdo con la OCDE, México perdió alrededor de 10 puntos porcentuales del PIB entre 1990 y 2010 debido a la elevada desigualdad del país. “Es decir, el PIB hoy podría ser 10% mayor si no fuera por esta desigualdad”.