El Gobierno y la fiscalía de México han realizado una labor «impecable» en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos hace tres meses y medio en Iguala, e intervinieron a tiempo, cuando correspondía, afirmó hoy en una entrevista con Efe el portavoz presidencial Eduardo Sánchez.
«Creemos que la participación del Gobierno Federal, particularmente de la Procuraduría General de la República (PGR), ha sido impecable», pues «se han cubierto todos los requisitos que una investigación profesional a nivel internacional son reconocidos para tal efecto», señaló.
Según Sánchez, «se han seguido todos los protocolos, se ha sido minucioso en la investigación, se ha sido escrupuloso en la manera de aportar incluso los datos a la opinión pública», y «el trabajo de la PGR ha sido muy profesional».
Pese a ello, admitió que «la desaparición de un ser querido tampoco va a dejar nunca satisfecho a nadie» y que para saber cuándo acabara la conflictividad social surgida a raíz de la tragedia, producto de una acción coordinada entre autoridades corruptas y criminales, habrá que consultarle a los padres de las víctimas.
«Habría que preguntárselo a ellos. Ellos son los que tendrán la última palabra», explicó.
Mientras, en opinión de Sánchez, el Gobierno tiene que hacer «la investigación» y «darles a ellos toda la asistencia psicológica, jurídica y de cualquier otra disciplina para que puedan enfrentar este procedimiento desde el punto de vista legal y humano y de la mejor manera posible».
«La desaparición de unas personas como ocurrió allá es algo irreparable y en ese sentido no hay nada que hacer», añadió Sánchez.
Respecto a las críticas recibidas por el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por la supuesta lentitud en intervenir en el caso, el portavoz presidencial indicó que «la realidad es que se trataba de un asunto que correspondía en principio a la procuraduría estatal».
«Después se tomó la decisión de que la PGR interviniera de manera directa y los resultados están allí», afirmó en alusión la decisión de la fiscalía general de asumir la investigación el 5 de octubre, una semana después de los hechos.
Sánchez recordó que «ya hubo un resultado parcial», cuando fueron identificados como los de una de las víctimas unos restos hallados en un vertedero en el que supuestamente los criminales del cártel de drogas de los Guerrero Unidos quemaron a los jóvenes tras recibirlos de manos de policías corruptos de Iguala que los habían secuestrado.
«Estamos en espera de lo que Innsbruck (Austria)», donde está el laboratorio en el que se estudian otros restos, «pueda decir», agregó el entrevistado, antes de aclarar que «son procesos muy complicados, muy complejos».
Respecto a la posibilidad de que un tribunal internacional juzgue al Estado mexicano por este caso y pueda incluso sentar a Peña Nieto en el banquillo de los acusados, indicó que «el presidente tiene muchas ocupaciones y muchas preocupaciones».
«Lo que nos ocupa es que México siga manteniendo su ruta hacia las mejores prácticas en materia de derechos humanos a nivel internacional», apuntó Sánchez, que definió la labor del actual Ejecutivo en la materia como «muy importante».
Para ello, recordó que en el decálogo de acciones gubernamentales para este 2015 fijado por Peña Nieto se encuentran «cambios legislativos que tienen que ver con la posibilidad de modificar» el «andamiaje jurídico» del país «para que un evento como el que ocurrió en Iguala no vuelva a suceder».
El Gobierno ha enviado al Congreso varias reformas que permitirán, entre otras cosas, eliminar a las corruptas policías municipales y crear un mando único de policía estatal en los 32 estados nacionales, y disolver una alcaldía cuando existan indicios de que la autoridad municipal está vinculada al crimen organizado.