DALLAS, Texas.- Como sólo ocurrió al arrancar el gobierno de Ronald Reagan, sectores otrora defensores de derechos humanos están exigiendo la intervención del gobierno de los Estados Unidos en contra del gobierno mexicano.
Se trataría, en una versión posmoderna, de la búsqueda de un príncipe extranjero que venga a decirle a los mexicanos como gobernarse y a supervisar el funcionamiento de las instituciones. Lo malo, sin embargo, es que Obama en realidad anda peor que Peña Nieto porque ha perdido todas las batallas, su administración en materia de seguridad ha sido una extensión del autoritarismo de George W. Bush, gobierna como un rey al margen y hasta en contra del congreso y por encima de la Constitución. Para resumir: Obama es un presidente estilo priísta de los años 1958-1982.
Una carta del grupo activista Human Rights Watch (HRW) a Obama utiliza la ingenuidad tramposa para convertir a Obama, a la Casa Blanca y al gobierno de EE.UU. en el juez de los derechos humanos en México. Sólo que HRW parece olvidar que en varias ocasiones ha acusado a Obama de violar los derechos humanos en el autoritarismo policiaco, el uso de militares en represiones civiles dentro de territorio estadunidense y la aprobación de medidas de espionaje que violan flagrantemente los derechos humanos, además del uso de la tortura por la CIA.
Así que HRW y sus seguidores en México —muchos grupos afectados por la estrategia de seguridad— parece que quieren poner a los principales violadores de derechos humanos en el mundo —y además asesores en tortura de policías mexicanos y latinoamericanos— como vigilantes de los derechos humanos mexicanos: el lobo vigilando el gallinero. En su libro Pay any Price, el periodista James Risen revela cómo el presidente Bush presionó directa y personalmente al dueño del The New York Times, Arthur Sulzberger Jr., para que no publicara la denuncia del espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional; y el presidente Obama ha mantenido la decisión de encarcelar a Risen si se niega a revelar su fuente de información.
La carta de HRW al presidente Obama debe ser consideraba una flagrante violación de la soberanía mexicana porque busca colocar al gobierno de EE.UU. como el garante de la política de derechos humanos en México, cuando el gobierno estadunidense es el principal violador de derechos humanos. En realidad, el fondo de la petición de HRW radica en avalar el intervencionismo imperial en asuntos mexicanos como en el siglo XIX.
En su libro circulado en el segundo semestre del año pasado, Risen llega a la conclusión de que Obama perfeccionó el Estado de seguridad nacional de Bush, pasando de las medidas de emergencia violatorias de los derechos humanos y las libertades civiles a una situación permanente, creando Bush y Obama un nuevo Estado imperial. Si Bush llevó la guerra a medio oriente para alejarla de territorio estadunidense, Obama ha creado un Estado policiaco de seguridad interna, pasando del “complejo militar-industrial” de la segunda guerra mundial al “complejo seguridad interna-industrial” dominado por mil 200 oficinas de seguridad nacional y dos mil empresas privadas contratistas contra el terrorismo.
Esta estructura de poder militar-industrial-empresarial es la que HRW y seguidores mexicanos quieren colocar por encima del Estado mexicano para supervisar aquí los derechos humanos que EE.UU. viola todos los días en su guerra contra el terrorismo.
