El senador Armando Ríos Piter presentó una iniciativa para elevar las penas imputables a todo servidor público, que se involucre o beneficie de hechos de corrupción o lavado de dinero.
El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República impulsa la creación de la Ley general de Combate a la Corrupción Política que busca establecer mecanismos en el Estado mexicano para blindar al servicio público de la infiltración del crimen organizado.
La iniciativa presentada en la Cámara Alta por el perredista Armando Ríos Piter, establece la definición de conflicto de interés en la administración pública y las sanciones imputables a todo servidor público que se involucre o se beneficie con hechos de corrupción y lavado de dinero, específicamente en nexos con el crimen organizado. El legislador por Guerrero sostuvo que esta propuesta surge porque es evidente que la corrupción ha corroído todos los espacios de la vida pública, de manera particular la corrupción política que inicia ahí en los partidos políticos cuando sin filtros y sin claridad no se sabe a quién se pone en un cargo para pedir el voto de los ciudadanos.
Por esto, propuso modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para obligar a los aspirantes a ser candidatos a cualquier cargo público, presentar ante el Instituto Nacional de Combate a la Corrupción, una solicitud de verificación de controles de confianza.
Dicha solicitud ?será remitida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Centro de Investigación de Seguridad Nacional, quienes determinarán si se trata de perfiles idóneos para los cargos de elección popular de que se trate; se trate del más humilde de los regidores, hasta el más encumbrado de los funcionarios públicos en el ámbito federal?, agregó.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda, planteó modificar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que las autoridades en materia de combate a la corrupción puedan iniciar el trámite de procedimiento de procedencia mediante denuncia o querella y reducir en un 50% los plazos para la tramitación de juicio político contra funcionarios públicos.
El guerrerense recordó que ante la crisis de seguridad que vive el país, el presidente Enrique Peña Nieto presentó un decálogo que ?se quedó corto y que fue claramente insuficiente?.
Señaló que el discurso del Presidente se queda solamente en el ámbito municipal, sin embargo la infiltración del crimen organizado alcanza todos los niveles de gobierno.
Agregó que el Ejecutivo no propuso nada para resolver la parte de la procuración de justicia, así como tampoco habló de las procuradurías estatales ni fue autocrítico en la parte de la Procuraduría General de la República.
?Vivimos una crisis, no solamente de narco, es una crisis donde los políticos están involucrados con las actividades criminales, y si no entendemos con claridad el problema y no entendemos el reclamo de la gente, no estaremos a la altura de la transformación que hoy reclama el país, definió.
