La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, en la que se ordena a la agrupación política estatal “Defensa Permanente de los Derechos Sociales” reembolsar 44 mil 697.92 pesos al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí por concepto de gastos no comprobados en educación y capacitación en el ejercicio fiscal de 2013.
La actora plantea en su queja que las agrupaciones políticas sólo están obligadas a presentar evidencias del gasto cuando provenga de actividades prestadas por terceros a la agrupación, por lo que debía considerarse válida la justificación del gasto a la autoridad electoral local, con diversas facturas de combustible y viáticos, por tratarse de erogaciones que no implican la prestación de servicios a cargo de terceros.
Al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales SM-JDC-415/2014, la Sala Monterrey señaló que las agrupaciones políticas sí tienen el deber de informar y comprobar el empleo y destino de su financiamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la ley electoral local y el reglamento de agrupaciones políticas estatales.
En este sentido, la agrupación “Defensa Permanente de los Derechos Sociales” estaba obligada a demostrar que el combustible y los viáticos se vinculaban directamente con algún evento educativo o de capacitación previsto en su plan anual de trabajo.