“El gobierno de la república ha emprendido acciones contundentes para conocer la ubicación de los estudiantes desaparecidos, brindar atención a las víctimas, así como impartir justicia a partir de la verdad de los hechos”, es parte de la respuesta que ofreció el presidente Enrique Peña Nieto a las preguntas formuladas por el Senado de la República, luego de que los padres normalistas de Ayotzinapa estuvieron presentes en el órgano legislativo.
En la respuesta que dio a las preguntas parlamentarias que le formuló el Senado, como parte de la glosa del 2º informe de gobierno, Peña Nieto, precisó que hasta el momento sobre la desaparición de los estudiantes normalistas, ocurridas el 26 y 27 de octubre, se encuentran detenidos 56 personas, entre autores intelectuales y materiales.
En el documento de 129 fojas, el Ejecutivo Federal respondió al planteamiento presentado de “¿Qué acciones puntuales está realizando o realizará el gobierno mexicano en el exterior para que la imagen de nuestro país no se vea deteriorada como consecuencia de los lamentables hechos ocurridos en Ayotzinapa y Tlatlaya?”, el ejecutivo federal respondió “La salvaguardia y promoción de los derechos humanos es un mandato constitucional en cuyo marco el gobierno de México ejecuta estrategias de corto, mediano y largo plazo, las cuales necesariamente involucran acciones dentro de la política exterior”.
Mientras que en diferentes esferas se advierte que se acudirá a organismos internacionales, Enrique Peña Nieto, reconoció que “México es parte de los 9 tratados universales y de los 7 tratados regionales principales en materia de derechos humanos. Por casi tres lustros, ha sido parte de una Política de Estado la interlocución con los organismos de derechos humanos y, desde 2011, existe una invitación permanente a que realicen visitas y misiones oficiales al país y constaten por sí mismos los retos que se enfrentan, los avances que se logran y el grado de cumplimiento de las obligaciones que contrae el Estado Mexicano”.
En referencia específica a los lamentables hechos delictivos que acontecieron en Iguala, – agregó en el documento del ejecutivo federal- la respuesta institucional del gobierno de México se enmarca dentro de la acción integral y coordinada contra la delincuencia organizada en un régimen federal y democrático.
Aunque la investigación sobre la sustracción de los normalistas en principio corresponde a las autoridades locales, ante la gravedad de los hechos y el involucramiento del crimen organizado, el Gobierno Federal atrajo la investigación, ha asumido el control de la seguridad pública en Iguala y otros municipios del Estado de Guerrero, y coordina la búsqueda de los normalistas mediante un amplio despliegue de recursos humanos, 68 materiales, tecnológicos y de inteligencia.
Por ello, el Gobierno Federal colabora de cerca con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que solicitó la aplicación de medidas cautelares, incluyendo aquéllas en favor de los familiares de los desaparecidos, así como informes frecuentes sobre los avances de la investigación.
Asimismo, México ha solicitado a dicha Comisión Interamericana de Derechos Humanos acompañar las investigaciones que se realizan en nuestro país, como medida complementaria, no sustituta, de las acciones que el propio gobierno de México lleva a cabo para esclarecer los hechos y aplicar la ley.
Reconociendo en todo momento la gravedad de los hechos específicos en Iguala y Tlatlaya, el Gobierno Federal tiene igualmente claro que, en el marco de la interlocución con países amigos y organismos internacionales, es necesario trabajar intensamente a favor de los intereses de México, manteniendo el diálogo, la apertura y la transparencia en la cooperación internacional. Así como nuestro país está abierto al mundo en materia de derechos humanos, perseveramos en que las puertas de la comunidad internacional de la que somos parte permanezcan abiertas al diálogo y la colaboración.
Por otra parte defendió también la actuación de su gobierno en el caso Tlatlaya. Señala que hay seis detenidos.