El coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, consideró que el decálogo que envío el Ejecutivo federal «no se va a discutir» porque se considera insuficiente para combatir la crisis de corrupción, inseguridad e impunidad que prevalece en el país.
«A todas luces se considera insuficiente y en algunos casos francamente busca reformar leyes para simular, como el órgano anticorrupción que se plantea, si aceptamos que lo presida el Ejecutivo federal, a nadie le dará seriedad y certeza y sería una burla para los propios legisladores andar aprobando eso», consideró en un comunicado.
Asimismo, Alonso Raya externó que las iniciativas que tienen que ver con justicia y seguridad en el caso de los municipios se requieren estudiar más a fondo para buscar que lo que se construya sea eficaz, porque el problema que no se aborda con claridad es el papel que deben tener los gobernadores con las autoridades municipales respecto a la infiltración del crimen organizado en los ayuntamientos.
«Las autoridades estatales generalmente están enteradas, saben, se les explica, pero no intervienen y en este escenario, se vuelven cómplices», remarcó.
El líder parlamentario asentó que la Procuraduría General de la República o la dependencia que la sustituirá, la Fiscalía General de la Nación, tendrá que revisar con seriedad las delegaciones que tiene en cada estado porque actualmente van a otra cosa, pero no a hacer su trabajo.
«Se debe establecer con toda claridad el móvil de los hechos violentos en Iguala, de los crímenes perpetrados y de la desaparición forzada de los estudiantes, deslindar responsabilidades y someter a proceso a quienes tienen que ser sometidos, del nivel que sea, municipal, estatal o nacional, pero que sea producto de una investigación seria y confiable; no inventar ningún chivo expiatorio», mencionó.
El perredista dijo que para atender la crisis que se enfrenta en el país, se debe plantear una respuesta de Estado, ir a fondo en materia de combate a la corrupción y rediseñar las instituciones en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia.
Por ello emplazó al gobierno federal aclarar su relación con el Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien ha sido beneficiado con múltiples contratos de obra pública multimillonarios y al que se le vincula con diversos casos en los que se presumen conflictos de interés como la adquisición de la Casa Blanca y la asignación y posterior cancelación de la licitación del tren México-Querétaro.