Parece chiste, pero es realidad. Quienes negaban la factibilidad de consenso esencial entre los mexicanos, ya pueden constatar su error: El caso Iguala logró generar irritación generalizada. Pero no sólo hacia el Ejecutivo —como se afanan en señalar las encuestas— sino en torno de los tres poderes del Estado. Y, de modo inverosímil, aún de instituciones autónomas como la CNDH, cuyo nuevo titular inició su gestión pisando fuerte… pero con el pie izquierdo.
El enjuiciamiento al gobierno pareciera ser lo único que por ahora consigue unanimidad en la sociedad, aunque, vale aclarar, el descontento alcanza a un Poder Judicial para el cual la justicia es una extravagancia y un Legislativo donde la representatividad popular es simple fantasía.
Tres encuestas descubrieron esta semana que el fuego quema y ubicaron al presidente Enrique Peña Nieto en el punto más bajo de su popularidad desde el inicio del sexenio, con lo cual generaron la inicua y facilona percepción de que es el único responsable de la situación imperante.
Miope sería suponer que el Poder Ejecutivo carece de responsabilidad en la gestación, estallido y manejo del problema de Iguala. Pero es evidente que el Congreso y el Poder Judicial tampoco han estado a la altura de las circunstancias.
Plagado de diputados y senadores —de todos los partidos— de algún modo vinculados con los delincuentes más notorios de este triste episodio, el Legislativo empezó por tramitar con tortuguismo las licencias y sanciones a autoridades estatales y municipales involucradas en el caso. Y el descrédito de las diversas bancadas no infunde optimismo en el desahogo del decálogo presidencial para atender la contingencia.
En el ámbito del Poder Judicial —por estos días a la rebatiña del mazo—, hay escasas esperanzas en la aplicación final de castigos ejemplares para los responsables de la tragedia, si aun los revoltosos anarquistas entran por la mañana y salen por la tarde como si nada de los reclusorios, amparados en fallos de jueces inanimados, insensibles, autómatas, legalistas.
¡Cómo ha de estar de arrebatado el fuego del caso Iguala, si ha chamuscado incluso al flamante ombudsman Luis Raúl González Pérez, quien empezó a tono con el obituario, pero sin noción de su alta responsabilidad! Porque, en cuestión de horas, así como dijo una cosa, dijo la otra.
En un comunicado farragoso, intrincado y críptico, la CNDH expresó el lunes “su preocupación por la violencia, ilegalidad e impunidad imperantes”. Preocupación sólo en apariencia neutral, porque era en realidad decidida defensa de los anarcos, en cuyas detenciones vio falta de capacitación policiaca, abusos de poder y “aplastamiento de los más elementales derechos” por parte del Estado.
Ante las aplastantes evidencias de los cavernícolas, de negocios destrozados en Paseo de la Reforma y la Zona Rosa, González Pérez intentó mediante declaraciones en Los Pinos enmendar su desatino. Y emitió, además, un segundo comunicado, en el cual anotó que “la violencia pone en entredicho los fundamentos del estado de derecho”, y regañó ya no sólo a las autoridades, sino también a los trogloditas cuyos desmanes y escape el 1DMX había blindado con una valla de 80 visitadores adjuntos.
El caso Iguala, en cuyo trasfondo se halla el problema —en particular el tráfico— de drogas, ha causado desprestigio y configurado una imagen negativa de toda la clase política y gobernante. Por lo mismo —a despecho de las encuestas—, es injusto cargarle toda la cuenta al presidente Peña Nieto.
Igualmente injusto, pero además lamentable y previsiblemente costoso, así resulta el vacío que el Ejecutivo, el Congreso, la Corte, los medios de comunicación y hasta esos personajes como Vicente Fox, Jorge Castañeda, Rubén Aguilar, Ernesto Zedillo y otros tardíos promotores de la legalización de las drogas le ha hecho a la propuesta de Graco Ramírez, de acometer ya la despena-lización al menos de la mariguana.
Por desgracia, el gobernador morelense ha sido ignorado como uno de esos loquitos inofensivo que deambulan por los parques públicos, cuando en realidad la suya es una propuesta sensata, oportuna, insoslayable, única vía para evitar lo que el discurso oficial machaconamente nos dice día y noche: evitar que la tragedia de Iguala se repita.
Peor aún, el mandatario de un estado que es foco rojo en el mapa de la violencia del narco y el crimen organizado, ha sido descalificado por opinantes tan influyentes como arrogantes y soberbios; pero asimismo patéticamente anquilosados y desinformados.
LAMPARILLA.- En la Suprema Corte la atomización del voto ya anuló las esperanzas del ministro Luis María Aguilar, quien hace un año se perfilaba como “candidato interno” para suceder a Juan Silva Meza, frente al “externo” y hoy fallecido Sergio Valls Hernández. La enfermedad del notable ministro hizo emerger como plan B la candidatura de Margarita Luna Ramos. No para ganar, sino para restar votos. Así se llegó en el máximo tribunal a un escenario en el cual no busca la presidencia sólo quien no quiere… El encargado de la Función Pública, Juan Alfonso Olivas, desmintió a quienes sostenían que Oceanografía no causó perjuicio alguno a Pemex. Empezando por el director de la empresa, el joven Emilio Lozoya, a quien el mentis lo tomó en la muy delicada y preocupante situación del desplome de los precios del petróleo. O, como quien, dice: El chavo en su barril…
