Hizo bien el presidente Enrique Peña Nieto al involucrar al Poder Legislativo en los esfuerzos para tratar de resolver la peor crisis de gobierno de las últimas décadas. Con esta pasada, en la actual coyuntura de fuerzas deslegitimadas, le dio viabilidad a una nueva horneada de reformas constitucionales y legales, realmente cercanas al interés de los sectores sociales mayoritarios.
De hecho, el Jefe del Ejecutivo no terminaba aún de exponer en el Palacio Nacional el conjunto de sus propuestas de reforma cuando, prácticamente, la totalidad de partidos respaldó —con matices y no sin críticas— sus planteamientos.
Habrá que ver el desempeño en la conducción de las cámaras legislativas por parte de los presidentes Miguel Barbosa y Silvano Aureoles, y de los coordinadores de las bancadas priistas –las más numerosas—, Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones. Pero las circunstancias anticipan un trámite legislativo sin traumatismos del nuevo paquete de iniciativas con que el huésped de Los Pinos arranca la segunda parte de su mandato.
Con partidos hundidos en el descrédito, muchos de cuyos más notables representantes chapalean en la corrupción, incluso coludidos con la delincuencia organizada, concretar las reformas, se prevé que será algo así como gobernar por decreto. El paraíso para quienes desde hace lustros se han empeñado en afianzar formas de representatividad distintas de las que encarnan los políticos y de preferencia sin pasar por las urnas.
Al margen de la aceptación o rechazo por los grupos más pugnaces surgidos del caso Iguala, el anuncio de las iniciativas presidenciales fue, en términos generales, bien recibido por los partidos. “Van en el rumbo correcto”, dijo Carlos Navarrete, quien ciertamente no está por estos días en aptitud de hacer críticas. “Faltó autocrítica, pero analizaremos las propuestas”, expresó Ricardo Anaya.
Desde las diversas tribus del PAN, en especial los seguidores del reaparecido Felipe Calderón, se busca sin embargo sacar raja de la tragedia, reclamando la paternidad de las propuestas peñistas. Tómense de quienes vienen: de miembros del partido que le dio base de sustentación al Presidente que hace tres años transfirió la estafeta en medio de un charco de sangre.
Por cierto que Calderón, cuya responsabilidad en el actual estado de cosas no ha sido suficientemente señalada, intenta claramente regresar por sus fueros. Eso explica el encuentro ayer con legisladores locales del blanquiazul.
De más está decir que César Camacho, cuyo partido carga no sólo con añosos estigmas sino con gran parte de la responsabilidad que en efecto le corresponde en el presente trance —entre otras cosas por el cuestionable desempeño de funcionarios federales—, respalda en automático el mazo de nuevas iniciativas sobre viejos temas nacionales.
Más allá del relanzamiento de medidas polémicas tales como la instauración del mando único policial, la reafirmación del federalismo que siempre ha permitido la asunción por el poder central del control en estados y municipios, y la sacudida de polvo a la ya antigua obligación de transparencia en los contratos del gobierno, resalta entre los proyectos peñistas la creación de tres zonas económicas exclusivas para detonar el desarrollo del sur del país.
Se trata, es cierto, del plan de más largo plazo entre la serie de directrices presentadas el jueves, cuya concreción en cada caso llevará años y para algunos equivale a simple estratagema para tratar de sofocar el incendio.
La recomendación de darle en serio trato preferente en los planes de desarrollo a la región más pobre del país, denota genuino espíritu federalista y hasta talante de estadista del mexiquense, así la idea haya surgido no de la pasión de tener el corazón mirando al sur sino de la obligación impuesta por la desgracia.
¡Ya era hora de que nuestros gobernantes se percataran del peligroso desequilibrio en el desarrollo regional y de que un federalismo ocupado en depurar policías municipales y cuerpos de topiles reparase en la urgencia de corregir de fondo desbalances y asimetrías!
Merece atención y justicia, sin simulaciones ni demoras, un sur empobrecido por acciones de gobierno que históricamente han derivado en la transferencia de sus riquezas naturales y humanas hacia un norte por fortuna ya próspero y pujante, algunos de cuyos gobernantes —por desgracia— explican el progreso vanagloriándose casi con eugenismo de un discutible espíritu emprendedor.
Se echa de menos en el conjunto de planteamientos del Presidente de la República la ausencia de sugerencias —aparte de los consabidos operativos policiacos— para hacerle frente con medidas novedosas y audaces al problema que generó el caso Iguala y que subyace en el fondo de los problemas de inseguridad y violencia en que se halla el país entero: el tráfico de drogas.
Así y todo, en cosa de semanas los senadores y diputados empezarán a discutir el alijo de iniciativas peñistas.
Ejercicio que no deberá demorar, si se considera que ya sin el Pacto por México el entendimiento del gobierno y la oposición es virtualmente inexistente; pero algo ayudará la precaria representatividad y credibilidad, y por lo mismo, el escaso margen para el debate de las fracciones opositoras.